Milei deroga más de 300 normas para desregular la economía y privatizar empresas estatales

¿Qué pasó? 

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la noche del miércoles un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que contempla la reforma de numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.

¿Qué dijo el Presidente de Argentina?

«Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy empezamos formalmente el camino de la reconstrucción«, aseguró Milei durante un discurso televisado.

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El mandatario aseguró que el objetivo de las nuevas medidas es «devolverle la libertad y autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han detenido, entorpecido e impedido el crecimiento económico en nuestro país».

¿Qué contemplan las nuevas medidas económicas?

El DNU contiene 366 artículos, y en el primero de ellos declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025».

El «plan de estabilización de shock» modificará el marco regulatorio de la medicina prepaga y de obras sociales y eliminará algunas de las leyes que regulan su funcionamiento.

Lo mismo ocurrirá con el sector de la industria prepaga, las empresas farmacéuticas, el sector turístico, registro automotor, clubes de fútbol, ley de tierras, la modificación del código civil y comercial, y la sección total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas.

En cuanto a las empresas públicas, Milei anunció la eliminación de la normativa que impide su privatización y las transformará en sociedades anónimas como paso previo a su venta; también se reformarán las leyes laborales para «facilitar el proceso de generación de empleo genuino».

Asimismo, el Gobierno promoverá «un sistema económico basado en decisiones libres» mediante la «desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional».

Por ello, ha dejado «sin efecto» cualquier restricción sobre la oferta de bienes y servicios y las normas que «distorsionen los precios de mercado, impidan la libre iniciativa privada o eviten la interacción espontánea de la oferta y de la demanda».

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