Observatorio cuestionó a ministro ecuatoriano por revelar nombres de jueces y fiscales

El Observatorio de Derechos y Justicia expresó su preocupación frente a la estrategia adoptada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien anunció públicamente que revelará los nombres de los jueces y fiscales –ya lo hizo en una ocasión– que otorguen medidas sustitutivas a la prisión preventiva para personas acusadas de delitos graves. Aunque la organización reconoce la importancia de sancionar la corrupción dentro de la Función Judicial, considera que esta medida no aborda los problemas estructurales del sistema de justicia ecuatoriano.

Durante una sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el 16 de junio de 2025, Reimberg aseguró: “Delincuente que salga en libertad, voy a decir el nombre del juez y fiscal responsable”, y recordó que ya lo había hecho antes, cuando un juez intentó contactarlo. A criterio del ministro, la ciudadanía tiene derecho a conocer los nombres de quienes, desde el sistema judicial, permiten que presuntos delincuentes vinculados a casos de violencia extrema enfrenten sus procesos en libertad.

El funcionario respaldó sus críticas con cifras: entre el 1 de enero y el 8 de junio de este año, 33.069 personas fueron detenidas por la Policía Nacional y 9.932 recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

En ese contexto, Reimberg cuestionó que la justicia no acompañe el esfuerzo policial, al permitir la liberación de personas involucradas en delitos como secuestro y extorsión. Su postura se endureció tras un caso reciente en Guayaquil, donde dos personas acusadas de secuestrar a comerciantes fueron beneficiadas con medidas alternativas y luego se presume que asesinaron a las víctimas. Este hecho motivó una reunión entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Policía Nacional, pero también desató una nueva polémica por la estrategia comunicacional del Gobierno.

El Observatorio de Derechos y Justicia considera que este tipo de exposición pública, lejos de resolver el problema de fondo, puede agravar la situación del sistema judicial. En un comunicado difundido la noche del 23 de junio, la organización subraya que “el método planteado por el Ministro del Interior no es suficiente para solucionar el complejo y múltiple problema de la corrupción en el Sistema Judicial Ecuatoriano”.

Además, adviertió que la medida podría generar un estigma generalizado sobre el trabajo de jueces y fiscales, debilitando su independencia y exponiéndolos a riesgos mayores en su ejercicio profesional, en un contexto donde muchos ya enfrentan amenazas por parte del crimen organizado.

El Observatorio también llamó la atención sobre la ausencia de un diagnóstico integral sobre las condiciones laborales y los riesgos a los que se enfrentan los operadores de justicia. Alertó sobre factores estructurales como la falta de presupuesto asignado a la Función Judicial, la carencia de mecanismos de protección efectivos, la demora en la designación de autoridades judiciales y la insuficiencia de procesos de evaluación periódica.

Según el comunicado, todas estas debilidades deben ser abordadas antes de implementar acciones que puedan convertirse en herramientas de hostigamiento o persecución. La preocupación principal radica en que, aunque se reconozca el interés público en conocer actos de corrupción judicial, “la medida planteada por el Ministro del Interior se convierta, a mediano y largo plazo, en una herramienta de hostigamiento, persecución y estigmatización de operadores de justicia, y que genere una mayor erosión a su independencia, en lugar de garantizarla”.

Ante este escenario, la organización exhortó a las autoridades de la Función Judicial y de seguridad nacional a adoptar medidas efectivas para depurar, fortalecer y capacitar a las instituciones encargadas de administrar justicia. Propuso realizar un diagnóstico nacional sobre las condiciones laborales de jueces, fiscales y defensores públicos, establecer canales de diálogo permanentes con estos actores, coordinar protocolos de protección para quienes estén en riesgo y asignar un presupuesto suficiente que permita mejorar la infraestructura judicial, garantizar formación continua e implementar procesos de depuración imparciales y oportunos.

El comunicado concluye señalando que solo a través de un trabajo coordinado entre operadores de justicia, ministerios, el Consejo de la Judicatura, la academia y la sociedad civil se podrá enfrentar de forma sostenible el problema de la infiltración criminal en el sistema judicial. La ONG subrayó que, sin garantías reales de independencia y seguridad, los funcionarios judiciales no podrán ejercer sus funciones sin comprometer su integridad.