Prisoners Defenders denunció un aumento de la represión en Cuba: hay 1.117 presos políticos

Un informe de Prisoners Defenders reportó que el número de prisioneros políticos en Cuba alcanzó los 1.117 en octubre, debido a nuevas detenciones vinculadas a protestas pacíficas y reclamos contra las condiciones de vida en la isla.

La organización señaló que en el último año se sumaron 134 nuevos prisioneros políticos, lo que representa un promedio de más de 11 nuevos detenidos al mes.

Estos datos elevan el total a 1.183 prisioneros de conciencia en el período comprendido entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, todos ellos sometidos a torturas y condiciones inhumanas, según denunció la organización.

Desde julio de 2021, Cuba ha registrado 1.751 prisioneros políticos, en un contexto donde el régimen enfrenta críticas internacionales por la represión y el uso de las cárceles como mecanismo de control social. Además, 653 de los actuales presos sufren patologías médicas graves y 63 padecen trastornos de salud mental, sin recibir atención médica adecuada.

En octubre, la isla enfrentó un apagón masivo que duró cuatro días, dejando a la mayoría de la población sin electricidad, situación que se suma a la frecuente escasez de agua y alimentos.

En respuesta, ciudadanos de Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara y Camagüey salieron a las calles a manifestarse, lo que derivó en la detención de varios participantes.

Entre los detenidos destaca Luis Adrián Pupo García, arrestado el 18 de octubre en Santiago de Cuba sin orden judicial y acusado de “desacato” y “desobediencia”. Durante su traslado a la prisión de La Maya, Pupo fue golpeado por agentes de la autoridad tras negarse a entregar su teléfono.

Otro caso es el de Osvaldo Agüero, un profesor de Villa Clara, detenido después de participar en una manifestación frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manicaragua. Agüero fue identificado por su rostro en videos de redes sociales, aunque no cometió ninguna acción delictiva, de acuerdo con testimonios.

El informe de Prisoners Defenders también documenta la situación de Nelson Caballero Díaz, quien fue arrestado en Camagüey tras reclamar la restauración del servicio eléctrico en su comunidad. Caballero fue golpeado y luego detenido, permaneciendo incomunicado desde entonces.

Otro caso relevante es el de Pastor Domínguez Muñoz, arrestado en Granma por portar un cartel en contra de Miguel Díaz-Canel. Desde su detención en septiembre, ha permanecido sin acceso a una defensa judicial y bajo custodia policial.

Por su parte, la activista Yumaris Castillo Quesada, del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), fue arrestada sin explicaciones en octubre en Granma y permanece incomunicada.

La organización denunció la arbitrariedad de estas detenciones, muchas veces sin acusaciones formales.

El informe detalló un clima de hostigamiento constante contra los prisioneros políticos. Gustavo Mena Artola, activista animalista, cumple una condena de dos años en la Prisión La Guanajera de Santa Clara. Mena Artola fue arrestado por instar a la población a protestar por los apagones y, pese a su buen comportamiento, se le ha negado la libertad condicional.

También se reportó la situación crítica de Loreto Hernández García, líder de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, quien enfrenta una condena de siete años y sufre enfermedades graves, sin recibir los medicamentos necesarios. Su esposa, Donaida Pérez Paseiro, también activista, cumple una pena de ocho años y recientemente contrajo el virus de Oropuche en prisión, sin recibir el tratamiento adecuado.

Prisoners Defenders detalló que 120 mujeres están actualmente privadas de libertad, incluidas menores y personas transgénero. Las provincias de La Habana, Matanzas y Mayabeque concentran la mayoría de los casos, y el 57% de ellas permanecen bajo régimen de privación de libertad, mientras el resto sufre limitaciones parciales de su libertad.

La organización destacó la particular vulnerabilidad de las mujeres encarceladas, quienes a menudo enfrentan torturas que afectan su salud mental y sus relaciones familiares.

Un caso emblemático es el de Reyna Yacnara Barreto Batista, condenada a cuatro años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio. Barreto fue arrestada tras presenciar cómo un policía golpeaba a un anciano que gritaba “Patria y Vida”. En prisión, denuncia constantes abusos físicos y condiciones de vida inhumanas.

Según el informe, 30 menores permanecen en prisión en Cuba, muchos de ellos condenados por “sedición” y cumpliendo penas en instalaciones que, aunque denominadas “Escuelas de Formación Integral”, funcionan como centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.

Naciones Unidas ha denunciado esta situación, y estimaciones de 2022 indican que unos 410 menores enfrentan privación de libertad anualmente en la isla.

Prisoners Defenders insiste en que estos patrones de violación de derechos humanos exigen una condena internacional contundente.

La organización enfatizó que la represión persiste debido a la falta de reacciones efectivas de organismos internacionales, y que la situación actual refleja una estrategia de intimidación para acallar las voces disidentes en el país.