El asesinato en un suburbio de Buenos Aires de una niña de 9 años, hija de un custodio policial de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reeditó el debate nacional sobre la lucha contra los delitos violentos en Argentina.
Umma Aguilera murió el lunes en Lomas de Zamora (20 km al sur de la capital) de un balazo en la cabeza cuando sus padres, ambos policías, trataban de escapar en su automóvil de un intento de robo y fueron atacados desde otro vehículo, dijeron fuentes oficiales.
El padre de la niña, Eduardo Aguilera, es un policía federal que forma parte la custodia de la ministra nacional. La Policía reportó el martes el arresto de un joven de 22 años y busca a otros tres cómplices del intento de robo.
«Umma fue asesinada cobardemente, vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron. Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad, pero se equivocan», publicó el presidente Javier Milei en la red X.
Umma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuentan con mi apoyo y el de todo el Gobierno Nacional.
Los delincuentes creen que siguen viviendo en la…
— Javier Milei (@JMilei) January 22, 2024
El crimen se encadenó con la muerte violenta en la semana de otros dos adolescentes de 16 años, en Laferrere (30 km al oeste) y Chascomús (100 km al sur).
«No nos vengan más a decir que tenemos mano dura. Mano dura es matar a una nena de 9 años», dijo la ministra Bullrich, y anunció que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal para endurecer las penas en caso de reincidencia.
Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina: 4,2 cada 100.000 habitantes, según estadísticas oficiales de 2022.
A mediados de 2023, la inseguridad ocupaba el segundo lugar (38%) en las preocupaciones de los argentinos, después de la inflación (55%), según un sondeo de la Universidad de San Andrés.
El aumento de asesinatos en ocasión de robo durante los últimos años elevó la problemática de la seguridad ciudadana a lo más alto de la agenda política.
En agosto, la campaña proselitista para las elecciones primarias fue suspendida cuatro días antes de los comicios por el asesinato de una niña de 11 años, cuando dos jóvenes le robaron la mochila y la golpearon en la calle en Lanús, otro suburbio del populoso Gran Buenos Aires (15 km al sur).
Dirigentes políticos, organizaciones sociales y juristas debaten periódicamente sobre las causas del aumento de los delitos comunes, desde el deteriorado cuadro socioeconómico del país a la reincidencia de los homicidas, la falta de eficiencia de la Policía, de los jueces y del sistema penitenciario.
Uno de los puntos más discutidos es la eventual baja de la edad de imputabilidad penal de los 16 años actuales hasta los 14 años, que volverá a proponer el nuevo gobierno. Actualmente, entre los 16 y los 18 años los jóvenes acusados son procesados con una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.