Mario Antonio Mejía-Calderón, un ciudadano hondureño de 34 años, fue detenido en Jacksonville, Florida, acusado de ingresar de manera irregular a Estados Unidos y de poseer una tarjeta de residencia permanente falsificada, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado emitido el 4 de marzo de 2025.
La Fiscalía del Distrito Medio de Florida confirmó que el acusado ya había sido deportado en 2013 y que enfrentaba una posible condena de hasta 12 años de prisión si era declarado culpable. Este caso se enmarca dentro de los operativos migratorios que ICE realiza en distintas ciudades de Estados Unidos para identificar personas que reingresan sin autorización.
El Departamento de Justicia indicó que el migrante enfrenta cargos por “posesión de una tarjeta de residencia permanente fraudulenta” y “reingreso ilegal a EE.UU. por parte de un extranjero que había sido deportado anteriormente”. El fiscal federal adjunto Michael J. Coolican se encargará del proceso judicial.
Mejía-Calderón fue arrestado el 24 de enero de 2025 tras una investigación de ICE en Jacksonville, informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida en un comunicado oficial. Durante el procedimiento, los agentes determinaron que el individuo se encontraba en el país sin autorización y que la tarjeta de residencia permanente que exhibió era apócrifa. Tras verificar su identidad, las autoridades establecieron que había sido expulsado previamente de Estados Unidos el 11 de junio de 2013.
El reingreso ilegal de una persona previamente deportada constituye un delito federal en Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que este tipo de infracciones pueden conllevar penas de prisión más severas si el acusado ha cometido delitos adicionales o si utilizó documentos falsificados.
El historial de Mejía-Calderón indica que en 2013 ya había sido detenido por agentes de ICE por encontrarse de manera irregular en el país. En ese momento, también portaba una tarjeta de residencia permanente falsificada, lo que derivó en su deportación.
Si es declarado culpable de los cargos en su contra, la sentencia podría alcanzar un máximo de 12 años de prisión, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. La posesión de documentos de inmigración falsificados es un delito grave bajo la ley federal, mientras que el reingreso ilegal tras una deportación conlleva penas variables según las circunstancias de cada caso.
El acusado permanecerá en custodia mientras espera su juicio, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. ICE y otras agencias federales continúan realizando operativos en distintos puntos del país para identificar y procesar casos similares.
El uso de documentos de inmigración falsificados es un delito grave en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una persona que presenta documentos fraudulentos puede enfrentar prisión, multas y deportación inmediata. Además, esta infracción podría impedir que el acusado solicite beneficios migratorios en el futuro.
Casos similares han resultado en condenas significativas. En 2024, un migrante mexicano fue sentenciado a 10 años de prisión por utilizar identificaciones falsas para obtener empleo y beneficios gubernamentales, según reportó el Departamento de Justicia.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. establece que los residentes permanentes deben portar su tarjeta de residencia en todo momento. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) indica que el incumplimiento de esta normativa puede derivar en una multa de hasta 100 dólares o en una pena de cárcel de hasta 30 días.
El uso de documentos falsificados agrava la situación legal de un migrante, ya que puede derivar en cargos adicionales y en la imposibilidad de acceder a beneficios migratorios en el futuro.
Fuente: Infobae.com