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Murió Martín Montoya Marcilla, testigo clave en caso Sada Goray, y su familia pelea por su herencia en medio de investigaciones por corrupción

Escrito por radioondapopular
agosto 25, 2025
Murió Martín Montoya Marcilla, testigo clave en caso Sada Goray, y su familia pelea por su herencia en medio de investigaciones por corrupción





Conflicto familiar y legal tras la muerte de Martín Montoya

Fallecimiento de Martín Montoya y la disputa por su patrimonio

La reciente muerte de Martín Montoya Marcilla, un empresario vinculado a uno de los casos de corrupción más notorios de los últimos años, ha generado una intensa lucha legal y financiera. Montoya, cuya figura fue clave en investigaciones relacionadas con sobornos millonarios, dejó tras de sí un complejo escenario de conflictos familiares y judiciales. Su padre, el general en retiro Luis Montoya Villanueva, ahora lidera una disputa por el control del patrimonio del fallecido, en medio de acusaciones y presuntas irregularidades.

El vínculo entre los Montoya y la organización de Sada Goray se remonta a relaciones comerciales y préstamos que ahora están en el centro de las investigaciones penales. La Fiscalía ha documentado que Martín Montoya prestó más de un millón de soles a Goray, dinero que, según las pesquisas, habría sido utilizado en sobornos a funcionarios públicos. Aunque Montoya nunca fue formalmente investigado por estos hechos —solo figuraba como testigo—, su nombre permaneció vinculado al flujo de fondos del esquema ilícito, mientras su familia insiste en que sus operaciones eran únicamente legales.

La versión familiar y el impacto en el Grupo Palante

El padre de Montoya afirma que el préstamo concedido a Goray tenía como finalidad facilitar negocios legítimos y que en ningún momento tuvo conocimiento de posibles actividades ilícitas. «El dolo es individual, Martín no sabía para qué iba a usar ese dinero», expresó en declaraciones recientes. Sin embargo, la controversia generó una crisis interna en Grupo Palante, la empresa en la que Montoya poseía el 42% de las acciones, valuadas en más de 24 millones de dólares.

Debido a la presión mediática y a las investigaciones en curso, la administración de Palante —que cuenta con la dirección del socio ecuatoriano Sebastián Crespo Herrera— decidió iniciar un proceso para excluir a Montoya de la compañía. Argumentaron que su cercanía con el caso Goray representaba un daño a la reputación del grupo. La decisión fue tomada en medio de fuertes tensiones internas y acusaciones de presiones externas.

Grupo Palante ejecutó la exclusión
El Grupo Palante decidió excluir a Montoya, alegando daño reputacional vinculado al caso Sada Goray. | Poder Judicial

Conflictos patrimoniales y procesos judiciales

Desde la perspectiva familiar, la exclusión fue llevada a cabo mediante presiones y sin respetar los acuerdos previos para la transferencia de acciones. Según Montoya, solicitó que su participación pasara a manos de su padre, pero esta petición no fue atendida. Por su parte, el abogado de Palante, Alexander Bazán, asegura que la medida fue legal y que Montoya estaba informado de la situación. Además, argumenta que el pago realizado por Montoya quedó en proceso judicial debido a la falta de acuerdo entre las partes.

La disputa se ha agravado por operaciones aún pendientes de resolución, como la venta de un terreno de 600 hectáreas a Crespo, mediante un cheque que nunca fue cobrado. La familia Montoya denuncia que no ha recuperado ni los fondos ni el inmueble. Uno de los puntos más polémicos son las transferencias cercanas a los 14 millones de dólares en 2020, cuando Luis Montoya ayudó a incrementar la participación accionaria de su hijo en Palante. La familia asegura que 4 millones de estos fondos aún no han sido reconocidos por la cooperativa Pacífico ni por la propia empresa.

Investigaciones y acusaciones en curso

Estas operaciones y reclamos han derivado en una investigación fiscal que involucra a Crespo, altos directivos y la institución financiera, con acusaciones que abarcan organización criminal, lavado de activos, apropiación ilícita y fraude. La causa permanece abierta, con nuevas denuncias por negocios no concretados y discrepancias en las versiones sobre la gestión patrimonial y societaria.

El monto en disputa supera los 35 millones de dólares en activos y transferencias, lo que refleja la magnitud del conflicto. La investigación continúa en desarrollo, con preguntas abiertas sobre el origen y destino del dinero, además de las responsabilidades de los involucrados en este entramado que combina intereses familiares, empresariales y políticos.


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