Esta decisión pone al Ministerio Público suspenso, pues actualmente, Delia Espinoza es la fiscal que preside la institución.
La decisión de la JNJ establece que hubo vicios en el proceso sumario que incurrió en la destitución de Benavides Vargas, su hermana, Enma Benavides y la fiscal Azucena Solari. En ese sentido, ordena que toda la investigación regrese a la etapa inicial y se escoja a un nuevo delegado.
Pese a que diversos constitucionalistas coinciden con que la JNJ no tiene atribución para escoger al fiscal de la Nación, Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides, adelantó que su defendida planea regresar a su cargo este lunes 16 de junio.
“(El día lunes ella va a tomar el cargo y le tienen que abrir la puerta) Es lo que tienen que hacer. Además, ya es para todo efecto la fiscal de la Nación. Lo que le han dicho, en buen romance, la Junta Nacional de la Justicia, a la señora Espinoza es ‘levántese esa silla y deje que se siente allí la señora Benavides”, declaró a Exitosa.
Asimismo, agregó que la fiscal Delia Espinoza debe obedecer la disposición de la JNJ o de lo contrario puede ser sometida a un proceso de destitución por desobediencia.
“Ya será el riesgo de la señora Espinoza si lo que desea es que finalmente, por su desobediencia, la Junta Nacional de la Justicia la someta a un procedimiento de destitución. Ya es su decisión. Son decisiones que ni a la señora Benavides, ni a mí nos corresponde. Cada uno medirá su riesgo”, advirtió.
La reciente decisión de la JNJ no ha estado libre de cuestionamientos. El abogado constitucionalista Luciano López advirtió que el organismo estaría incurriendo en una “usurpación de funciones”, al asumir una competencia que no le corresponde: la designación del fiscal de la Nación.
López recordó que, según el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, el fiscal de la Nación debe ser elegido por los propios integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, y no por una entidad externa. En ese marco, sostuvo que la elección de Delia Espinoza como nueva titular del Ministerio Público hasta el 2027 se realizó conforme al procedimiento constitucional.
El jurista explicó que el eventual retorno de Patricia Benavides al cargo solo sería viable si en este momento la Fiscalía estuviera dirigida por un titular interino, lo cual no es el caso. Por tanto, cualquier intento de reintegración sin un pronunciamiento previo del pleno de fiscales supremos —agregó— sería jurídicamente improcedente.
“(…) Disponer que vuelva a ser Fiscal de la Nación es arrogarse una competencia que no tienen. Es inconstitucional y usurpación de funciones de la Junta de Fiscales Supremos”, comentó el especialista.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó de forma unánime a Patricia Benavides de su cargo como fiscal de la Nación, tras acreditar que incurrió en faltas muy graves al interferir directamente en una investigación fiscal contra su hermana, la jueza superior de Lima, Enma Benavides Vargas.
El informe final, elaborado por la consejera María Zavala, concluyó que Benavides cesó arbitrariamente a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla Corrales, quien investigaba a Enma Benavides por presuntamente liberar a narcotraficantes a cambio de pagos ilícitos. Esta decisión tuvo como único objetivo obstruir la pesquisa contra su familiar.
La remoción de Revilla fue justificada mediante un informe de “baja productividad” elaborado por la fiscal Azucena Solari Escobedo. No obstante, la JNJ determinó que dicho documento carecía de fundamento técnico. Según registros oficiales, el despacho de Revilla mantenía niveles de productividad superiores al 90% en años anteriores, y del 55% en 2022. Pese a estos datos, el informe fue utilizado como excusa para apartarla.
Además, la JNJ identificó que Benavides no solo buscó desplazar a Revilla, sino también someterla a un trato degradante.
El informe determinó que Patricia Benavides ejecutó un plan coordinado para proteger a su hermana y manipular procesos internos, involucrando a fiscales como Azucena Solari, quien también fue destituida.
Fuente: Infobae