La historia de uno de los escándalos más oscuros en la Policía Nacional del Perú sumó un capítulo clave con la captura de Raúl Prado Ravines. El excomandante, considerado cabecilla del denominado ‘Escuadrón de la muerte’, fue detenido este jueves 5 de junio por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) en el distrito de Comas, tras permanecer prófugo. Sobre él pesa una sentencia de 35 años de cárcel, una orden de captura internacional y una recompensa de S/ 100 mil soles. Aunque no se conocen detalles de si dieron con su ubicación gracias a una llamada, el monto era parte del incentivo para dar con el exefectivo policial.
La caída de Prado Ravines representa el desenlace de una larga persecución policial y judicial que expuso la existencia de una red criminal enquistada en las filas de la Policía Nacional. Según la Fiscalía, este grupo —compuesto por al menos 14 oficiales y una treintena más de agentes con menor responsabilidad— se organizó entre 2012 y 2015 para realizar simulacros de operativos policiales. El objetivo no era enfrentar a bandas delictivas, sino ejecutar extrajudicialmente a personas señaladas como delincuentes, muchos de ellos de bajo perfil, e incluso a otros miembros de la propia Policía, todo con el propósito de obtener ascensos, condecoraciones y beneficios económicos.
El caso salió a la luz tras una serie de denuncias internas. En noviembre de 2012, el hallazgo de tres cuerpos con disparos a quemarropa en Puente Piedra, Lima, fue presentado como resultado de un enfrentamiento entre policías y presuntos secuestradores. Sin embargo, tres años más tarde, quedó en evidencia que las muertes se produjeron en medio de una emboscada premeditada y no durante una intervención policial legítima.
Fue la denuncia del comandante Franco Moreno Panta —medio hermano de una de las víctimas— la que motivó un cambio de enfoque en la investigación. La Fiscalía reunió pruebas que desbarataron la versión oficial y revelaron el verdadero funcionamiento del escuadrón: las víctimas eran capturadas con la promesa de un falso asalto y luego trasladadas a lugares sin testigos, donde eran ejecutadas.
El patrón se repitió en al menos nueve operativos, realizados en Lima, Piura, Chiclayo y Chincha. En Piura, por ejemplo, en febrero de 2015, cuatro personas fueron asesinadas en la urbanización Los Bancarios después de ser llevadas con engaños por agentes que simulaban desarticular una banda. No todos los muertos eran delincuentes: un taxista estuvo a punto de perder la vida en Lima tras ser confundido por el grupo, lo que demostró el margen de error y la arbitrariedad en los “operativos”.
Las investigaciones dirigidas por el fiscal Álvaro Rodas y el entonces ministro del Interior Rubén Vargas desmontaron la fachada de legalidad que había blindado al escuadrón. Los policías implicados recurrían a la simulación de inteligencia, montaban operativos inexistentes y traficaban con información y recompensas, desviando dinero por entrega de datos falsos que supuestamente ayudaban a identificar criminales. A cambio de estas acciones, Prado Ravines y sus hombres accedían a ascensos y reconocimientos dentro de la institución.
En marzo de 2022, el Poder Judicial, tras un extenso proceso que incluyó testimonios y pericias, dictó sentencias firmes contra los cabecillas del escuadrón: Raúl Prado Ravines, Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño Martínez, entre otros. La condena fue de 35 años de prisión por homicidio calificado. Sin embargo, Prado Ravines nunca llegó a ingresar a un penal, ya que no se presentó a la audiencia y desde entonces su paradero se mantuvo oculto. Su nombre se sumó a la lista de los más buscados del país, con una recompensa de S/ 100 mil soles.
La captura de Prado Ravines en Comas representa no solo el triunfo de una investigación sistemática, sino también el golpe a la impunidad que años de demoras en la Policía y la propia Justicia habían permitido.
Fuente: Infobae