La Contraloría recomendó al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, adoptar medidas preventivas y correctivas pertinentes, tras detectar que designó a 3,864 personas privadas de su libertad por diferentes delitos, como responsables de cobrar el Bono Familiar Universal de S/ 760 en nombre de su familia, aun cuando la pauta establecida por este programa los excluye para dicha designación.
La Contraloría advirtió también que 18.69% del total de internos (722 de 3864) cobraron el bono, por un total de S/548,720, mediante banca celular, billetera electrónica y depósito.
El informe de Visita de Control N° 021-2020-OCI/5963-SVC, evidenció que Pensión 65 solo usó como fuente primaria la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pese a la necesidad de contrastar esta relación con la del Registro Penitenciario del INPE, a fin de conocer quiénes se encuentran privados de su libertad.
El segundo bono de 760 soles, dispuesto por el Decreto Urgencia N° 052-2020, solo debía ser cobrado en el ámbito rural por representantes de los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema que estén en el Sistema de Focalización de Hogares, en el Programa Juntos, Pensión 65, en el Programa de personas con Discapacidad Severa- Contigo, y quienes no estén en planillas.
Cabe señalar que la pauta técnica para la designación de los responsables del cobro del subsidio monetario correspondiente al padrón del segundo grupo de hogares beneficiarios en el ámbito rural, indica expresamente que “no se consideran los miembros del hogar que se encuentren registrados como fallecidos por el Reniec. Asimismo, aquellos que estén privados de su libertad”.
Al desconocer si el subsidio llegó a los hogares vulnerables, esta situación afecta su economía, y con ello la finalidad pública prevista, ya que debido al confinamiento social, muchas familias que se dedicaban a actividades laborales de forma independiente dejaron de trabajar y vieron reducidos sus ingresos.
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