Despacho presidencial impulsó duplicar el sueldo de Dina Boluarte: tras revelación, necesitó agua de azahar e infusiones para calmarse

Tras la difusión del pedido para aumentar el sueldo de la presidenta Dina Boluarte, fuentes cercanas al entorno presidencial señalaron que la mandataria reaccionó de forma desmesurada. Su expresión cambió radicalmente al enterarse de que un reportaje de Panorama había revelado el trámite para duplicar su salario. El ambiente se tornó tan tenso que se solicitaron infusiones para tranquilizarla y se iniciaron rastreos digitales dentro de su propia administración. La razón: una gestión impulsada desde su despacho que buscaba elevar su remuneración mensual de 16 mil a más de 35 mil soles.

La información, revelada por el dominical, echa por tierra la versión que miembros del Ejecutivo intentaron sostener durante semanas. Durante los primeros días tras la difusión del reportaje, ministros y voceros del gobierno negaron tajantemente que la mandataria hubiera promovido un aumento de salario para ella misma. Las afirmaciones públicas se sostuvieron en que todo habría sido un procedimiento técnico dentro del marco legal de la Ley Servir. Sin embargo, los documentos obtenidos por el equipo de investigación de Panamericana Televisión narran otra historia.

La copia del oficio muestra un contenido claro: “Se remiten los documentos de la referencia y anexos a fin de que se sirva gestionar las acciones pertinentes”, se lee textualmente. El encargo venía desde la cúpula del poder, no desde instancias intermedias. Los documentos contradicen el discurso oficial. La versión de que el aumento era solo parte de una reforma impulsada desde el Ministerio de Economía y Finanzas quedó desmentida.

La Presidencia del Consejo de Ministros clasificó el expediente como “confidencial” cuando se intentó acceder a él mediante pedidos de información pública. “Ese primer eslabón en la cadena de trámites para el aumento presidencial era la presidenta Dina Boluarte”, aseguró el dominical.

En las horas posteriores al reportaje, se produjo una respuesta en cadena por parte del Ejecutivo. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, dijo en televisión que “todo respondía a un informe técnico del MEF y a la implementación de la Ley Servir”. Otros ministros reforzaron esa línea de defensa. “Es absolutamente inexacto que la presidenta lo haya pedido”, afirmó uno de ellos. Sin embargo, la documentación desmiente cada una de esas declaraciones.

El proceso arrancó con una carta firmada en Palacio. “Fue el despacho presidencial, es decir, Dina Boluarte, quien decidió iniciar el trámite para duplicarse el sueldo en un 125%”, dijo el reportaje. El trámite se dirigió a la PCM para su ejecución, pero el impulso inicial tuvo su origen en la propia presidencia.

El escándalo se amplificó cuando se conocieron detalles sobre cómo reaccionó la presidenta al enterarse de la revelación. De acuerdo con fuentes dentro de Palacio, Boluarte estaba viendo televisión cuando Carmen Giordano, asesora cercana, le dio la noticia. “Estalló en cólera”, contó el equipo de investigación. El enojo fue tan visible que el personal de Palacio intentó tranquilizarla con agua de azahar. La infusión terminó en el suelo.

Según los testimonios recogidos, la mandataria ordenó que se rastreara digitalmente a todos los funcionarios que hubieran tenido acceso a los documentos filtrados. También pidió que empezaran los despidos dentro de la PCM y el Ministerio de Economía. Al día siguiente, durante una presentación ante la prensa, no disimuló su molestia. “Me han hecho la vida de cuadritos aquellos enemigos de la patria”, declaró en un momento que quedó grabado.

La mandataria no reconoció la autoría del pedido, tampoco se retractó ni ofreció explicaciones. Por el contrario, responsabilizó a supuestos adversarios que, según ella, intentan perjudicarla.

El camino que recorrió la solicitud tiene un punto de partida nítido: el Despacho Presidencial. Desde allí se envió la documentación a la PCM con instrucciones para que se tomen las acciones necesarias. Posteriormente, los oficios llegaron al Ministerio de Economía y Finanzas, desde donde se elaboró un informe que evaluó la propuesta. El plan estaba encaminado.

Todo ese proceso, oculto tras un manto de “confidencialidad”, pretendía mantenerse fuera del escrutinio público. Sin embargo, el hallazgo del documento firmado en Palacio cambió el panorama. Todos los documentos estaban dirigidos a sostener el aumento de sueldo.