Dina Boluarte y los presuntos delitos que la rodean: cinco investigaciones abiertas en menos de dos años de mandato

La presidenta Dina Boluarte se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía por varias investigaciones penales en etapas preliminares que van desde presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento de un prófugo de la justicia y hasta abandono del cargo. Estos casos, aunque no pueden derivar en acusaciones formales mientras permanezca en el cargo, han encendido las alarmas públicas y planteado preguntas sobre su gestión y decisiones durante su mandato.

Dina Boluarte enfrenta una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación debido a una acusación de presunto delito de abandono del cargo. La investigación surge a raíz de que la mandataria se sometió a una operación quirúrgica sin notificar debidamente al Congreso de la República ni al Consejo de Ministros.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados se relacionan específicamente con la falta de comunicación sobre su impedimento temporal para ejercer sus funciones presidenciales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. Durante este tiempo, Boluarte fue objeto de una intervención médica, específicamente una rinoplastia.

Uno de los casos más llamativos es el que involucra la supuesta posesión de relojes Rolex de lujo por parte de Boluarte, los cuales no fueron declarados en sus informes de bienes y rentas. Según la Fiscalía, estos relojes fueron adquiridos por el gobernador regional Wilfredo Oscorima, quien los habría entregado como parte de una presunta relación irregular.

En allanamientos realizados a la residencia de la presidenta y al Palacio de Gobierno, no se encontraron los relojes, a pesar de que se solicitó su entrega como evidencia. Documentos obtenidos por los investigadores confirman que los relojes fueron comprados en Casa Banchero, un reconocido distribuidor oficial, lo que añade peso a las sospechas de que las adquisiciones podrían estar relacionadas con actos de corrupción.

La gestión de Boluarte también enfrenta una investigación en curso por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y comienzos de 2023, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. En ese contexto, decenas de manifestantes perdieron la vida debido a la represión policial, lo que generó acusaciones de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la mandataria.

El Ministerio Público está centrado en determinar si Boluarte dio órdenes directas que pudieron desencadenar estos crímenes. Aunque su defensa ha solicitado el archivo del caso, argumentando que no hubo responsabilidad directa, los recursos presentados han sido rechazados. Las protestas, comparadas por algunos analistas con un sismo social que sacudió al país, dejaron una huella imborrable en la reciente historia política del Perú.

Otra investigación polémica es el caso conocido como “Cofre Presidencial”, que apunta al presunto uso del vehículo oficial de la presidenta para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y aliado político de Boluarte en su llegada al poder. Según audios filtrados y que son de conocimiento público, el auto presidencial habría sido empleado para movilizar a Cerrón mientras era buscado por las autoridades judiciales.

Las grabaciones, atribuidas al ministro del Interior, Juan José Santivañez, sugieren que el vehículo fue clave en el encubrimiento del prófugo. Este caso ha llevado a la presidenta a ser acusada de encubrimiento personal, un delito contemplado en el artículo 404 del Código Penal. Aunque su abogado ha calificado las pruebas de “insuficientes”, el caso sigue avanzando en medio de crecientes críticas.

En septiembre de 2024, una nueva investigación vinculó a Boluarte con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un presunto caso de cohecho. La hipótesis fiscal plantea que ambas figuras habrían negociado un “trueque” político: Benavides habría buscado proteger al general Raúl Alfaro de ser relevado de su cargo a cambio de apoyo a la presidenta en los casos que enfrenta por las muertes en las protestas sociales.

La investigación, iniciada en julio y recientemente ampliada, incluye testimonios que refuerzan la teoría de un pacto clandestino entre ambas partes. Jaime Villanueva, testigo clave, aseguró ante la Fiscalía que las negociaciones se llevaron a cabo durante una reunión en la que Benavides recogía declaraciones de Boluarte como parte de las pesquisas por las protestas.

Las investigaciones contra Dina Boluarte han generado un intenso escrutinio, no solo a nivel nacional sino también internacional. Mientras se acumulan las diligencias y los testimonios, el mandato de la presidenta se desarrolla bajo la presión constante de las críticas y la expectativa de un desenlace que, por ahora, parece depender de su permanencia en el cargo.