Fuente : Diario Expreso
Servidores públicos con ‘sueldazos’ recibieron víveres que debían ser distribuidos entre los más pobres.
La Contraloría General de la República (CGR) informó que 4,212 funcionarios de múltiples entidades del país recibieron canastas de víveres, pese a que esta ayuda estaba dirigida a las familias más vulnerables durante la emergencia sanitaria, decretada por el Gobierno central debido a la pandemia del coronavirus. Este escándalo se suma a los otros bienes, servicios u obras que han terminado por beneficiar a los mejor posicionados, materializándose con el recurso de todos los peruanos.
Tras recabar la información de los principales organismos del Estado, así como denuncias por parte de la ciudadanía, la Contraloría habilitó el portal web emergenciasanitaria.contraloría.gob.pe, con los resultados de la fiscalización al registro de beneficiarios de las canastas básicas.
Como se recuerda, a raíz de la inmovilización obligatoria, el Estado destinó –por medio del Decreto de Urgencia N° 033-2020– exactamente S/ 213’650,000 para la distribución de canastas básicas a cargo de los gobiernos locales y regionales, a fin de reducir el impacto económico en las familias más necesitadas. Sin embargo, este monto fue creciendo a medida que se extendía la cuarentena.
En simultáneo, la Contraloría inició la verificación del proceso de adquisición y distribución de productos de primera necesidad, en los 1,874 municipios del Perú. Además, toda la información recabada iba a una base de datos titulado ‘Monitor de control y transparencia Covid-19’, que ahora es de acceso público.
Sobre el reporte oficial de compra y entrega de canastas básicas, la Contraloría reveló que el 99 % de las contrataciones fueron ingresadas correctamente por 1,861 municipios a la base de datos, mientras que el 1 % restante (13 municipios) permanece en la sombra. De las canastas distribuidas, se tiene el reporte de entrega del 95 % (1,787 comunas), quedando a la deriva el 5 % restante (87).
Sin embargo, lo que causa mayor asombro es que 4,212 servidores públicos recibieron canastas de víveres, a pesar que la pandemia no puso en riesgo sus remuneraciones. Según el portal, por su rango de ingreso neto mensual, 1,055 funcionarios tienen sueldos netos que oscilan entre los S/ 1,200 y S/ 2,000 mensuales; otros 2,477 reciben entre S/ 2,001 y S/ 3,000; y 627 registran ingresos entre S/ 3,001 y S/ 5,000.
Pero, en específico, existen 53 funcionarios que recibieron canastas, pese a ganar más de S/ 5,000. De este último grupo, dos cobran remuneraciones mayores a S/ 10,000. Cabe precisar que estos empleados públicos laboran en 38 entidades estatales adscritas a los Gobiernos Regionales y al Gobierno Nacional.
MÁS IMPLICADOS
Por su parte, el contralor general de la República, Nelson Shack, precisó que el trabajo en la institución que lidera se intensificó tras la publicación de la Ley N° 31016 (en abril del presente año), que estableció recién el despliegue de auditores para el control durante la emergencia sanitaria, facultando a la CGR a emitir las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta norma.
“Este número va a ir creciendo porque este es el primer resultado del análisis de los funcionarios que han recibido canastas básicas familiares. Esta información se refiere a quienes tienen haberes; es decir, a quienes tienen sueldo. Falta información sobre los CAS (Contrato Administrativo de Servicios) y locadores. Falta mirar las contrataciones en los Gobiernos locales porque esta primera información es solo de los Gobiernos regionales”, añadió el contralor.
“Claramente, una persona que gana más de S/ 3,000; S/ 5,000; o S/ 10,000, y que es funcionario, y que tiene un trabajo, y que seguramente en muchos de estos casos ha estado con licencia con goce de haber compensable durante todo este tiempo, no debió recibir una canasta. También podemos ver dónde están estos funcionarios en nuestro país. Particularmente en Lima (583), Loreto (482) y Piura (370) se concentra una significativa cantidad de estos más de 4,000 funcionarios que han recibido canastas, a pesar de que no estaban sujetos a una vulnerabilidad”, mencionó.
“La mayoría gana alrededor de S/ 3,000 neto. Aquí no hay por pensión, viudez u orfandad. Pero, además, podemos saber dónde trabajan. Cómo es posible que haya funcionarios de las entidades del Gobierno nacional como Cortes superiores, Indecopi, INPE, Sunat, Sunarp, universidades. Pero lo mismo sucede en las entidades de los Gobiernos regionales como las direcciones de Salud y Educación”, sostuvo.
¿QUIÉNES SON?
Según el contralor Shack, los nombres de los funcionarios implicados en este escándalo no pueden ser difundidos por ahora, debido a que se trata de la primera etapa de una investigación mayor. “Pueden estar seguro que sabemos quiénes son. Tenemos los nombres, los DNI y hasta las redes sociales. Ahora lo que toca es continuar con el control posterior para determinar posibles responsabilidades. Ya nos llegó una solicitud formal del Ministerio Público para tener acceso a esta información”, indicó.
OTRAS ENTIDADES BAJO LA LUPA
Más allá de las entidades que mencionó Nelson Shack, también se encuentra la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Mientras que entre las entidades del ámbito regional figura: el Gobierno Regional de Piura (UGEL Huancabamba), el Gobierno Regional de Huancavelica (UGEL Churcampa), la región Loreto (Educación Mariscal Ramón Castilla), El Gobierno Regional de Ucayali (Educación Coronel Portillo), la región Apurímac (Educación Cotabambas), la región Cajamarca (Educación Cutervo), entre otros.
4,639 INFORMES
Hasta ayer, la Contraloría detalló que existen 4,639 informes de control que respaldan la estadística expuesta en su portal web, debido a sus múltiples equipos desplegados en todo el país.
INFORME NACIONAL
A nivel de regiones, la mayor cantidad de funcionarios y servidores públicos beneficiados con la entrega de canastas de víveres se ubican en Lima, con un total de 583 (14 % del total). Le siguen las regiones de Loreto con 11 % (482), Piura con 9 % (370), Junín (252), Cusco (239), Huancavelica (219), Ayacucho (207), Áncash (203), La Libertad (200) y Apurímac (198).
CAMBIO DE ESCENARIO
El tratamiento de los datos por parte de la Contraloría cambió a raíz de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (2019), donde obtuvo las herramientas necesarias del Reniec y el MEF para la explotación de información.
