Este miércoles 18 de junio, diversos gremios se sumaron a un paro nacional convocado por el Frente Nacional Indefinido de Transportistas y Conductores del Perú, ante la ola de extorsiones y atentados que viene afectando a la ciudadanía. Entre las organizaciones participantes figuran la Asociación de Mujeres Empresarias de Gamarra, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), la Alianza Nacional de Transportistas y el Frente Nacional de Carga Pesada.
Sin embargo, desde Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) —sector de transporte urbano que organizó la última medida de fuerza que detuvo Lima Metropolitana y el Callao el pasado 10 de abril— descartaron su participación en esta nueva convocatoria.
Según Valeriano, este paro ha sido promovido por personas que buscan protagonismo político, con demandas que no están enfocadas en mejorar la seguridad ciudadana.
“No somos los convocantes, pero hay que ser respetuosos. En un paro se necesita diálogo y esperemos que ellos lo logren. Confío en que conversarán con las autoridades para resolver sus problemas. Nosotros esperábamos que se unieran a nosotros para luego tomar medidas juntos”, declaró a Infobae Perú.
“Lamentablemente, hay veces que los convocantes buscan protagonismo. Recuerden que estamos próximos a una campaña política. Además, en este paro hay problemas sectoriales, porque también están pidiendo la formalización del taxi colectivo. Ante esto, la población no los va a apoyar, porque perciben que politizan esta medida”, añadió.
Valeriano explicó que, tras la paralización del 10 de abril, se reunieron con los tres poderes del Estado en una mesa de trabajo para coordinar acciones contra el crimen organizado. En un primer momento, el gremio otorgó a las autoridades una tregua de 60 días para evaluar avances concretos.
Como estos resultados no han sido satisfactorios, Anitra le dio un ultimátum al Poder Ejecutivo y al Legislativo: si en 15 días no se observan progresos claros, convocarán un nuevo paro de transportistas.
“Nosotros hicimos una paralización el 10 de abril, que detuvo el transporte urbano en Lima y Callao. A raíz de ello, se firmó un acta de acuerdo entre los representantes del transporte y los poderes del Estado. Por eso, nos comprometimos a esperar 30 días, que se extendieron por 30 más. Pero sentimos que no se han puesto las pilas”, declaró.
“Hemos dado 15 días hábiles para que los tres poderes del Estado articulen sus esfuerzos. Esto corre desde ahora. Necesitamos soluciones concretas. Sabemos que no será de la noche a la mañana, pero al menos esperábamos ver trabajo conjunto. Les hemos llamado la atención y les dimos un último plazo. Si no hay cambios, tomaremos medidas más drásticas. En esta posible última reunión debe estar el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, así como los titulares de la Fiscalía de la Nación, del Poder Judicial y del Ministerio del Interior”, aseveró.
En la II Mesa de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana en el sector transporte, realizada el 16 de junio de 2025 en el Congreso de la República, se adoptaron diez compromisos interinstitucionales para enfrentar el crimen organizado vinculado al transporte público.
Se acordó elaborar un Plan Nacional de Articulación Interinstitucional liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, además de impulsar reformas legislativas contra delitos como la extorsión. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional deben presentar, en 30 días, un informe sobre la implementación de medidas de seguridad y la presencia operativa en el sector transporte.
El Poder Judicial actualizará el cronograma para implementar las Unidades de Flagrancia, mientras que el Ministerio Público propondrá el bloqueo de cuentas bancarias usadas por organizaciones criminales. El Ministerio de Justicia presentará una propuesta sobre el régimen de visitas y comunicaciones en los centros penitenciarios, además de una política de apoyo a víctimas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el programa ASISTE, brindará soporte legal a los ciudadanos y concluirá la instalación de cámaras de videovigilancia en 8.000 buses.
Finalmente, se planteó mejorar el rastreo de depósitos extorsivos con apoyo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y establecer mayores controles en la venta de chips telefónicos, para evitar su uso con fines delictivos.
De no cumplirse la mayoría de estos compromisos, Anitra ha señalado que se convocaría una nueva medida de fuerza, la cual podría realizarse en las primeras semanas de julio, o incluso días antes de las Fiestas Patrias.
Fuente: Infobae