LA EXPERIENCIA DE PATAZ PODRÍA REPLICARSE EN VARIAS CIUDADES DE CAJAMARCA

Panel informativo llama la atención y nos alerta sobre el avance de la minería ilegal
Cajamarca es una de las regiones que cuenta con serios problemas de minería ilegal, que crece cada día. Un llamativo panel ubicado en la vía de evitamiento nos recuerda que no se debe bajar la guardia a este problema, pues si llegaron a Pataz, sembrando muerte y contaminación, en Cajamarca la historia puede repetirse, debido a que ya se habla de la presencia de “empresarios de Pataz” en zonas como Cajabamba, Celendín, Cajamarca e inclusive San Ignacio en la frontera con el Ecuador.

Sergio Sánchez gerente de Renama del gobierno regional Cajamarca, confirma que cuentan con información de que en la zona de Sorochuco en Celendín, Michiquillay en Cajamarca, la presencia de estos personajes ya ha preocupado a la población. De ahí que el ente regional ha tomado una postura clara, contra de la minería ilegal y viene coordinando con diversas entidades de alcance nacional medidas para hacer frente a este problema en la región Cajamarca y evitar replicar el caso Pataz.

La presencia de “empresarios” de Pataz promoviendo la minería ilegal en Cajamarca viene exacerbando problemas en las comunidades, de ahí que, través de los medios de comunicación vienen denunciando estas actividades ilegales, exigiendo intervención del gobierno central.

La minería ilegal no solo destruye bosques y contamina fuentes de agua con metales pesados como el mercurio, sino que también está asociada a redes de trata de personas, trabajo infantil, evasión fiscal y violencia armada. Aunque durante años se ha concentrado en zonas como Madre de Dios, La Libertad o Puno, sus tentáculos, en la actualidad, alcanzan otras regiones, como Cajamarca.

El avance de la minería ilegal pone en riesgo a las comunidades rurales, a los ecosistemas andinos y a los territorios ancestrales de pueblos originarios. Su campaña busca movilizar a la ciudadanía y exigir al Estado una respuesta más firme y coordinada.

En el Perú, la minería ilegal ha superado, en algunos casos, a la formal en volumen de oro extraído, y ha colocado al país como el principal exportador sudamericano de oro ilegal. Se calcula que sus ganancias anuales suman alrededor de 24 mil millones de soles, el 2.5 % del Producto Bruto Interno del Perú.

El aumento de esta actividad ilegal se debe a la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que no ha formalizado sino apenas al 2.4 % de los mineros informales en casi 20 años; a la inexistencia de herramientas que permitan controlar toda la cadena productiva de la pequeña minería y minería artesanal, para determinar que el origen, procesamiento y destino final del mineral sean legales; a la falta de control de las plantas procesadoras; y a la corrupción de funcionarios públicos.

En lo ambiental, las consecuencias están relacionadas con la deforestación de bosques amazónicos, la contaminación de ríos, la pérdida de biodiversidad y la afectación a las comunidades indígenas.