El Congreso de Perú ha sido recientemente el centro de un escándalo político que ha atraído la atención internacional, especialmente del influyente The Telegraph. El asesinato de Andrea Vidal, una abogada y exasistente congresal, ha destapado una presunta red de prostitución dentro de la institución, vinculando a políticos en prácticas de corrupción. Este asesinato, perpetrado por un grupo de criminales que dispararon 40 balas al vehículo de Vidal, parece haber sido un crimen profesional, lo que ha dejado entrever las conexiones de la víctima con un escándalo que ella misma habría estado a punto de revelar.
La policía no encontró evidencia de robo tras el ataque, lo que sugirió que el objetivo era específico. Este crimen ha puesto al descubierto una presunta operación de prostitución que, según las investigaciones, estaba siendo manejada dentro del propio Congreso. Como señala The Telegraph, el caso ha dejado al descubierto prácticas deplorables, sorprendiendo incluso a los observadores más críticos de la política peruana.
El escándalo ha generado una fuerte reacción pública. Ante la presión, el Congreso de Perú adoptó una medida controvertida: prohibir que las asistentes femeninas lleven minifaldas y pantalones cortos.
“La controversia marca un nuevo punto bajo para lo que ya podría ser el órgano legislativo menos popular del mundo, con un índice de aprobación que consistentemente se encuentra en cifras de un solo dígito”, indica el medio británico.
Según el informe de The Telegraph, esta respuesta a la crisis “ha puesto de relieve las actitudes aparentes hacia las mujeres en el parlamento, que los críticos describen como ‘medievales’ e incluso las comparan con las del Talibán”. Esta comparación resalta la profunda preocupación sobre el trato hacia las mujeres en el ámbito legislativo del país, que los críticos consideran desfasado y retrógrado.
El escándalo ha involucrado a figuras de alto perfil, como César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, quien ha sido vinculado con Jorge Luis Torres Saravia, el hombre señalado como el encargado de manejar la presunta red de prostitución en el Congreso. Torres Saravia fue despedido de su cargo como jefe de la oficina legal del Congreso tras las revelaciones.
Acuña se ha defendido acusando a los medios de manipular la situación para dañar a su partido. Sin embargo, la asociación de Torres Saravia con Acuña ha llamado aún más la atención en medio de las acusaciones de corrupción.
The Telegraph recordó que César Acuña ha sido objeto de controversias previas, como la acusación de plagio de su tesis doctoral y la revelación de que fue prohibido en EE.UU. por presuntas sospechas de lavado de dinero, aunque él niega tales acusaciones.
Asimismo, resaltó cómo las conexiones políticas podrían haber influido en el encubrimiento del escándalo, alimentando aún más la crisis de credibilidad.
El escándalo no se limita al presunto caso de prostitución. El congresista José Jerí, acusado de violación en una fiesta de Año Nuevo, también fue mencionado en el informe internacional. The Telegraph resalta cómo estas denuncias de violencia sexual continúan generando escándalos que ensucian aún más la reputación de los políticos en el país.
Con más de la mitad de los miembros del Congreso de Perú bajo investigación criminal por sobornos, violencia doméstica y otros crímenes, la situación es alarmante. De acuerdo al medio de prensa, estas investigaciones han alimentado una creciente desconfianza hacia los legisladores, que siguen siendo una de las instituciones más impopulares de Perú.
Esta situación ha aumentado la impopularidad de la institución, que ya enfrentaba un desprestigio por la aprobación de leyes que, según The Telegraph, favorecen a los criminales organizados, especialmente en áreas como el narcotráfico y la minería ilegal.
El medio británico también menciona a la presidenta Dina Boluarte, indicando que se ve vinculada al escándalo debido a las alianzas políticas con el Congreso y los señalamientos de corrupción dentro de su gobierno. La mandataria, quien asumió el cargo en 2021, ha estado rodeada de controversias, incluida la investigación sobre el escándalo “Rolexgate” y las acusaciones sobre abandono temporal del cargo durante su cirugía secreta de nariz. Además, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, también ha sido vinculado con investigaciones por soborno y tráfico de influencias.
“Ella (Boluarte) admite la cirugía, pero insiste en que fue médicamente necesaria y afirma que su colección de joyas de 400.000 libras esterlinas (487.014 dólares), adquirida con su salario presidencial de 40.000 libras esterlinas (48.701 dólares), fue fruto de su propio arduo trabajo”, menciona.
The Telegraph señala también que a pesar de las repetidas acusaciones, Boluarte ha formado alianzas con el Congreso controlado por la derecha, con el objetivo de bloquear las investigaciones de corrupción, lo que genera aún más dudas sobre la integridad de su gobierno.
Fuente: Infobae