Fuente : Diario Uno
El excongresista Fernando Olivera pidió que se investigue el proceso de compras de 1 millón 400 mil pruebas serológicas, pues proveedores habrían sido digitados. Además, ineficacia de test rápidos habría sido el punto de quiebre para que miles se infecten de Covid-19.
El exparlamentario y candidato a la presidencia, Fernando Olivera, demandó la pronta acción de la Procuraduría Anticorrupción, de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción a fin de que se investigue el proceso de adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas, dispuesto por el Ejecutivo el 19 de marzo. Según indicó, dicho proceso habría estado amañado y los proveedores habrían sido elegidos a dedo incluso con anterioridad al anuncio de la autorización para la compra de los test para el diagnóstico de Covid-19.
Olivera recordó que ya un primer informe de la Contraloría, el 27 de marzo, dio cuenta de que el proceso había transgredido el ordenamiento legal vigente. “Cuando el 19 de marzo, el presidente Vizcarra en conferencia de prensa anuncia la dación del Decreto Ley que autoriza la adquisición de pruebas de diagnósticos para la prevención y control del Covid-19 (DU 028-2020) lo hace en el marco de una legislación vigente expedida por su mismo gobierno. Y en todas las normas previas se hacía referencia únicamente a pruebas moleculares. Desde el 31 de enero con la resolución 039-2020 del Ministerio de Salud (Minsa), que aprueba el Plan de Lucha contra el Coronavirus se refiere solo a pruebas moleculares. Lo mismo sucede con las resoluciones y decretos posteriores”, señaló.
CONCERTACIÓN DOLOSA
“Entonces, cuando el 19 de marzo emiten el DU 018-2020 es en el marco de legislación vigente de pruebas moleculares. Sin embargo, un día antes hubo una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas con 6 proveedores, quienes serían los beneficiados con la operación. Es decir, ya estaba todo repartido antes de que se publique el DU, y además estaban disponiendo la compra de pruebas rápidas contra todas las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y contra toda la legislación vigente”, denunció.
De acuerdo con lo señalado por el exparlamentario, la “concertación dolosa” del 18 de marzo continuó el 19 con el anuncio del DU y un día más tarde con una “simulación de una supuesta selección” del mejor postor, para lo cual Perú Compras habría invitado a 28 proveedores, incluyendo a varios que ni siquiera pertenecían al rubro requerido para postular.
“El 20 de marzo se ejecuta la evaluación técnica, científica, para seleccionar a estos supuestos competidores. Es decir todo ha sido elaborado con dolo, premeditación y alevosía. Lo grave no es solo que haya sobrevaluación o que se oculten ofertas de menor precio, sino que se cambió de facto la estrategia de contención del coronavirus mediante la prueba molecular, pues la prueba rápida está descalificada porque ofrece una detección tardía y no sirve para contener. Las pruebas rápidas entre los primeros 7 a 10 días botan 60 por ciento de falsos negativos, y esos pacientes tienen dos rutas: o se agravan y mueren sin ser atendidos en los hospitales, o reciben una licencia para contagiar y van esparciendo el coronavirus por todo el país. Todo esto motivado por la corrupción”, advirtió.
¿QUIÉN ES EL PADRINO?
El excongresista remarcó que hay una serie de preguntas que no pueden quedar sin respuesta. “¿Quién señaló a los seis proveedores que terminaron en el despacho del MEF o en conexión virtual? ¿Quién es el padrino para elegir a estas empresas y repartirles la adquisición millonaria de pruebas rápidas? ¿Por qué el Instituto Nacional de Salud hace un requerimiento de millones de pruebas rápidas si la normativa vigente solo autorizaba pruebas moleculares y por qué Perú Compras hace toda esta simulación cuando ya tenía a los ganadores? Esto tiene que ser sancionado ejemplarmente y llegar al más alto nivel de responsabilidad. Creo que se tiene que citar a la exministra Hinostroza, al ministro Zamora, al personal de Perú Compras y al presidente Vizcarra que fue quien anunció que contra todo criterio científico que se compraban 1 millón 400 mil pruebas rápidas”, demandó.
MÁS DE 5 MILLONES DE PRUEBAS RÁPIDAS
Además, Olivera cuestionó que las adquisiciones de pruebas rápidas hayan continuado durante el Estado de Emergencia, pues 332 mil pruebas adicionales habrían sido adquiridas el 3 de mayo, con una sobrevaluación de 100%, y el 25 de mayo se adquirieron 3 millones 500 mil pruebas por un total de S/ 72 millones. “Y todo esto a pesar de la evidencias y opiniones del efecto contraproducente de las pruebas rápidas en la expansión del coronavirus”, remarcó.
Según el excongresista, “la corrupción ha condicionado la estrategia de lucha contra el coronavirus para virar sin ningún sustento hacia la aplicación de pruebas rápidas que es el primer agente multiplicador de la enfermedad”. Por ello, exigió la intervención oportuna de Procuraduría, la Fiscalía Anticorrupción, y la Contraloría, pues de no hacerlo “se van a volver cómplices de un hecho con toda la connotación criminal en contra del país, porque además de la pérdida de miles de vidas se han perdido millones de empleos”.