Peruanos podrán trabajar en paradisiaca isla de España por falta de mano de obra local: ofrecen vivienda gratis y salario promedio

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, en Canarias, anunció esta semana que contratará trabajadores extranjeros para cubrir la demanda insatisfecha del sector. Según informó su presidenta, María de la Salud Gil, se ha iniciado la tramitación de 1.000 expedientes de contratación de personal calificado proveniente de países como Perú y Chile, con los que España mantiene convenios en materia de Seguridad Social.

La decisión responde a una situación que el gremio califica de “insostenible”: según cifras compartidas en su asamblea general, existen actualmente 12.000 personas registradas como desempleadas en Canarias, pero solo un millar cuenta con certificaciones profesionales vinculadas a la construcción. A esto se suma un índice de absentismo del 12 %, que, según indican, afecta directamente la productividad y genera una caída del 10 % en la facturación.

Los contratos internacionales se enmarcan en lo permitido por la Ley de Extranjería y se realizan en coordinación con la Delegación del Gobierno en Canarias. Gil aseguró que este no será un esfuerzo aislado, sino el inicio de un modelo con proyección sostenida en el tiempo, dada la escasa respuesta de la población local a las oportunidades que ofrece el sector.

“Entrevistamos a más de 3.000 personas y solo 90 aceptaron formarse en áreas como control de obras con drones, inmersión 3D en hormigón o vivienda industrializada”, señaló. Frente a esta baja participación, los promotores consideran que, si no se logra cubrir las plazas disponibles con población residente, será necesario recurrir de forma continua a la contratación internacional.

Como parte del plan de incorporación, a los nuevos trabajadores se les ofrecerá una solución habitacional basada en módulos unifamiliares industrializados de 30 metros cuadrados. Estas unidades no serán cimentadas, por lo que, debido a limitaciones legales, no podrán instalarse sobre suelo urbano, sino en áreas de suelo rústico común, cuya ubicación está siendo evaluada para asegurar su legalidad.

Gil subrayó que estas estructuras “no son barracones ni contenedores” y que incluso podrían instalarse en edificios. La intención, afirma, es ofrecer condiciones habitacionales dignas y funcionales que acompañen el proceso de contratación.

Durante su intervención, la presidenta de la asociación recalcó que el problema no se centra en los salarios ni en las condiciones laborales. Detalló que el ingreso promedio en el sector supera los 23.000 euros anuales, mientras que un peón ordinario percibe alrededor de 20.000, lo que representa un 32 % más que el salario mínimo interprofesional. A ello se suma un plan de pensiones, una jornada que permite la conciliación familiar y un convenio colectivo que, según indicó, está considerado entre los mejores del país.

La crítica del sector apunta también a lo que consideran una gestión ineficiente del absentismo. Gil pidió revisar el sistema de bajas laborales y propuso que las pruebas médicas sean asumidas por las mutuas, ante la demora que puede extenderse hasta un año. “No hablamos de trabajadores enfermos, sino de un absentismo vinculado a listas de espera y a quienes abusan del sistema”, señaló.

El caso de Las Palmas reabrió un debate presente en otras regiones y sectores económicos de España: la coexistencia de altas cifras de desempleo con vacantes laborales sin cubrir. La construcción, al igual que el turismo o el comercio, tiene limitaciones por encontrar mano de obra formada y comprometida, mientras que desde el empresariado se insiste en que las oportunidades existen, pero no encuentran respuesta suficiente en la población local.