El expresidente Pedro Castillo no solo habría desplegado su poder en el cargo para elaborar una organización criminal en Palacio con la finalidad de direccionar obras y obtener beneficios ilícitos, sino que además existió, según la tesis de la Fiscalía, un «brazo de protección y seguridad», el cual tendría como cabecilla a Castillo y sería dirigido por Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias ‘El Español’.
Para el despacho fiscal, esta organización criminal habría orientado sus acciones para intimidar, amedrentar, lesionar y/o atentar contra la integridad física de los funcionarios policiales y fiscales que conforman el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y contra los periodistas que desarrollan reportajes e investigaciones que ponen a la luz el accionar de la organización criminal, teniendo como principales objetivos a la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas; a la Fiscal Superior Marita Sonia Barreto Rivera; al Coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamaní, Coordinador General del EEA – EFICCOP; al Coronel PNP Walter Lozano Pajuelo, a los colaboradores eficaces de los casos investigados por el EEAEFICCOP y a los periodistas Edward Phillip Alexander Butters Rivadeneira y Fernando O´Phelan Pérez.
Además, con el fin de conseguir su sostenibilidad en el tiempo, su permanencia en el poder y garantizar el desarrollo de su programa criminal se designó convenientemente a personas en el cargo de confianza de Director de Inteligencia Nacional (DINI) y de Director General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior (DIGIMIN) para adquirir ilícitamente sistemas y equipos electrónicos de alta tecnología para la intervención e interceptación de las comunicaciones y de redes sociales (chuponeo telefónico), utilizando a las «entidades de inteligencia» como «entidades de inteligencia para financiar ilícitamente y encubrir las adquisiciones tecnológicas» requeridas por la organización criminal para la creación de un «grupo de inteligencia paralela» o «encía paralela».
En ese contexto, el equipo especial de la Policía y la Fiscalía llevaron a cabo un operativo la madrugada del martes 7. Se trató del allanamiento de inmuebles en Lima y Callao, logrando capturar a «El Español».
La presunta organización criminal está conformada también por Sergio Castellanos Martínez, el asesor en la sombra, Henry Shimabukuro Guevara (coordinador); comandante PNP Hugo Verástegui Díaz, coronel PNP Jorge Fernando Cassanova Cubas y coronel PNP Juan Esteban Asmat Bucalo.
Según el documento fiscal al que accedió Vigilante.pe, a Castellanos Martínez se le imputa la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública – Organización Criminal, en calidad de presunto coautor, «habiendo realizado la función de coordinador e integrante toda vez que habría realizado coordinaciones con Hernández Fernández sobre el plan delictivo de la organización criminal, pues encontrándose en España podría facilitar la adquisición de equipos electrónicos de alta tecnología que tuvieran la capacidad de obtener información de los teléfonos celulares, conversaciones, chats, correos y otros, a fin de atentar y desacreditar a la Fiscal de la Nación y otros fiscales y policías».
Sobre Shimabukuro se detalla que estaría encargado de coordinar directamente con Castillo Terrones y con ‘El Español’ las reuniones clandestinas del expresidente para la designación de los Directores de Inteligencia Nacional, de la DINI y de la DIGIMIN. Para ello tendría asignado una Oficina denominado «Oficina de Coordinación y enlace de la DINI» «Oficina de Coordinación y enlace de la DINI».
En tanto, Cassanova es acusado por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública – Organización Criminal, en calidad de presunto coautor, pues sería el encargado de facilitar las adquisiciones de equipos electrónicos de alta tecnología que tuvieran la capacidad de obtener información de los teléfonos celulares, conversaciones, chats y correos.
Verástegui sería el encargado de coordinar la colocación estratégica de personas en cargos dentro de la Administración Pública desde los cuales pudieran favorecer a los fines de la organización criminal.
Finalmente, Asmat sería el encargado de facilitar los fines delictivos de la organización criminal, como es la adquisición de equipos electrónicos de alta tecnología que tuvieran la capacidad de obtener información de los teléfonos celulares, conversaciones, chats y correos. Todo ello conforme a lo coordinado con ‘El Español’, pues fue designado por injerencia de Hernández en el cargo de director general de la Dirección General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior (DIGIMIN).
Fuente: Vigilante.pe