Un tercio de los hogares del Perú está comandado por una persona mayor de 60 años, pero los índices de hambre y dependencia siguen creciendo

Un tercio de los hogares en Perú está liderado por una persona mayor de 60 años, mientras los índices de dependencia y vulnerabilidad de este grupo aumentan de forma sostenida, según el informe técnico Situación de la Población Adulta Mayor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondiente al primer trimestre de 2025.

La estructura demográfica de Perú ha experimentado transformaciones profundas en las últimas décadas. En los años cincuenta, la población del país se caracterizaba por una marcada juventud: de cada 100 habitantes, 42 eran menores de 15 años.

Para el año 2025, esta proporción se ha reducido a 24 de cada 100, reflejando un proceso de envejecimiento que ha modificado la pirámide poblacional. La proporción de adultos mayores —personas de 60 años o más, según el criterio de las Naciones Unidas— ha crecido de manera sostenida, pasando de un 5,7% en 1950 a un 14,3% en 2025.

Este cambio demográfico tiene consecuencias directas en la sostenibilidad social y económica del país. El índice de dependencia, que mide la proporción entre la población de 60 años o más y la de 15 a 59 años, ha mostrado un incremento significativo. En 1950, la tasa de dependencia de la población envejecida era del 10,7%.

Para 2025, este valor alcanza el 23,0%, y las proyecciones para 2050 anticipan que llegará al 41,5%. Esto implica que, mientras en 1950 existían nueve personas en edad productiva por cada adulto mayor, en 2025 la cifra se reduce a cuatro, y para 2050 se prevé que serán solo dos. “Cada vez habrá más adultos mayores por persona de 15 a 59 años”, advierte el informe del INEI.

La situación económica de la población adulta mayor también refleja desafíos persistentes. En 2024, la incidencia de la pobreza en este grupo alcanzó el 22,1%, lo que representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. La brecha entre áreas urbanas y rurales es notoria: en zonas rurales, el 34,0% de los adultos mayores vive en situación de pobreza, cifra que supera en 15,4 puntos porcentuales a la registrada en áreas urbanas.

Las mujeres adultas mayores enfrentan una carga adicional, ya que dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado, fundamental para el funcionamiento del hogar, que incluye tareas como la preparación de alimentos, limpieza, gestión y compras.

La participación laboral de los adultos mayores sigue siendo relevante. Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del primer trimestre de 2025, el 49,7% de la población de 60 años o más estuvo activa en el mercado laboral, ya sea ocupada o en búsqueda de empleo.

La distribución por ramas de actividad muestra que, a nivel nacional, de cada 100 adultos mayores ocupados, 35 trabajaban en Agricultura, Pesca o Minería, 33 en Servicios, 20 en Comercio, 7 en Manufactura y 5 en Construcción. En áreas urbanas, la tendencia cambia: 43 se desempeñaban en Servicios, 25 en Comercio, 16 en Agricultura, Pesca o Minería, 10 en Manufactura y 6 en Construcción.

La informalidad laboral afecta de manera considerable a este segmento de la población. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, el 78,2% de los adultos mayores empleados tenía un trabajo informal, es decir, sin cobertura de protección social ni prestaciones laborales. Este porcentaje representa un aumento de 0,3 puntos respecto al periodo anterior, cuando la informalidad alcanzaba el 77,9%.

El liderazgo de los adultos mayores en los hogares peruanos es otro aspecto destacado. A nivel nacional, el 28,4% de los hogares tenía como jefe a una persona de 60 años o más. Al desglosar por sexo, el 30,8% de los hogares estaba conducido por mujeres adultas mayores, mientras que el 27,1% correspondía a hombres.

En áreas rurales, la diferencia es aún más marcada: el 40,0% de los hogares estaba liderado por mujeres adultas mayores, frente al 29,5% por hombres, una brecha de 10,5 puntos porcentuales. En áreas urbanas, las mujeres adultas mayores jefas de hogar representaban el 29,3%, y los hombres el 26,3%.

El nivel educativo alcanzado por la población adulta mayor revela desigualdades persistentes. El 11,1% de este grupo no tenía nivel educativo o solo había accedido al nivel inicial. El 36,1% completó la educación primaria, el 29,6% la secundaria, el 12,9% accedió a educación superior universitaria y el 10,3% a educación superior no universitaria.

La brecha de género es significativa: el 17,5% de las mujeres adultas mayores carecía de educación o solo tenía nivel inicial, frente al 4,0% de los hombres, una diferencia de 13,5 puntos porcentuales. El analfabetismo sigue siendo un reto, especialmente en zonas rurales y entre las mujeres. En el primer trimestre de 2025, el 14,6% de la población de 60 años o más era analfabeta.

Esta condición afectaba al 22,2% de las mujeres adultas mayores, superando en 16,0 puntos porcentuales al 6,2% registrado en los hombres. En áreas rurales, el analfabetismo alcanzaba al 34,7% de los adultos mayores, y entre las mujeres rurales de este grupo, la tasa llegaba al 53,0%, triplicando la de los hombres (15,9%).

La seguridad alimentaria también trae desafíos. El 25,9% de los hogares con al menos un integrante adulto mayor experimentó déficit calórico en el primer trimestre de 2025. Lima Metropolitana registró la mayor incidencia, con un 34,4%, seguida del resto urbano (22,8%) y el área rural (18,0%).

La salud de los adultos mayores en Perú enfrenta riesgos considerables. En 2024, el 58,2% de este grupo presentaba alguna comorbilidad, como obesidad, diabetes mellitus o hipertensión. El factor de riesgo más prevalente fue la hipertensión arterial, que afectó al 76,1% de la población adulta mayor. Esta alta incidencia de enfermedades crónicas plantea retos para el sistema de salud y la calidad de vida de los adultos mayores.

Finalmente, la percepción de seguridad y la experiencia de victimización constituyen otro aspecto relevante. En 2024, el 78,9% de la población adulta mayor reportó haber sido víctima de algún hecho delictivo. Sin embargo, solo el 13,3% manifestó sentir inseguridad en su entorno. Esta diferencia sugiere una posible subestimación del riesgo percibido frente a la alta incidencia de victimización.