Ya no se podrán hacer ‘carreras’ al paso: nueva ley exigirá que taxis por aplicativo cuenten con licencia de conducir AII-A en Perú

El Proyecto de Ley 842-2021 CR, actualmente en debate en el Congreso de Perú, busca establecer un marco regulatorio para los servicios de transporte por aplicaciones móviles. Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad de los pasajeros y facilitar la fiscalización estatal, según informó el abogado especialista en multas de transporte y tránsito terrestre, Abel Balbín.

Sin embargo, el especialista advirtió sobre el riesgo de que la normativa introduzca burocracia excesiva que podría frenar la innovación tecnológica y el desarrollo de la economía colaborativa.

De acuerdo con lo detallado en la propuesta legislativa, las plataformas de transporte deberán cumplir con una serie de criterios técnicos y operativos.

Entre las medidas planteadas se encuentran la verificación de identidad de los conductores, la implementación de funciones de seguridad en las aplicaciones —como botones de alerta y trazabilidad de los recorridos— y la obligación de reportar información periódica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Estas disposiciones buscan garantizar un servicio más seguro y ordenado, tanto para los usuarios como para los operadores.

Balbín destacó que muchas de estas medidas ya son implementadas por las empresas de transporte por aplicativo. Según explicó, las plataformas cuentan con sistemas que identifican al conductor, registran la placa del vehículo y monitorean la ubicación en tiempo real.

Además, exigen actualizaciones constantes de datos y fotografías, lo que las convierte en herramientas confiables. No obstante, el abogado subrayó que el gobierno debería facilitar el proceso de regulación, promoviendo registros accesibles y capacitación en conducción responsable, especialmente considerando que muchos conductores no se dedican exclusivamente a este servicio.

El proyecto también contempla la creación de un registro nacional supervisado por el MTC, lo que permitiría avanzar hacia una movilidad digital más estructurada. Sin embargo, Balbín señaló que la normativa debe evitar imponer requisitos desproporcionados, como la exigencia de una licencia de conducir profesional AII-A, diseñada originalmente para el transporte público tradicional. Según fuentes del sector, esta condición resulta incompatible con la naturaleza flexible y ocasional del trabajo que realizan muchos conductores de aplicaciones.

Otro punto crítico señalado por Balbín es la falta de una regulación específica que actualmente afecta a los conductores y vehículos de servicios de movilidad virtual. Según explicó, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha estado sancionando a estos operadores a pesar de que no existe un marco normativo claro que regule su actividad.

En este contexto, el especialista consideró que el proyecto de ley contiene elementos burocráticos que podrían obstaculizar el desarrollo del sector, en un momento en el que la tecnología y la innovación deberían ser incentivadas.

La regulación propuesta, según Balbín, debe enfocarse en asegurar la trazabilidad del servicio, identificar a los conductores y supervisar las operaciones sin imponer requisitos que comprometan la sostenibilidad del modelo digital.

Formalizar y supervisar el servicio, al tiempo que se equilibran las condiciones para los operadores, es fundamental para garantizar que la movilidad digital evolucione de manera segura, equitativa y sostenible.