¡Nicaragua aprueba cuarta reforma constitucional en 2023! Daniel Ortega refuerza control con duras sanciones a funcionarios y refuerza su poder absoluto

Nueva reforma constitucional en Nicaragua impulsada por Ortega y Murillo

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una serie de cambios parciales a la Constitución, siendo la cuarta en lo que va del año. Todas estas modificaciones han sido promovidas por el gobierno dirigido por el presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y copresidenta Rosario Murillo. La reforma recibió el apoyo unánime de los legisladores oficialistas, quienes la aprobaron de manera rápida, sin mayor debate público.

Entre los cambios destacados, la reforma establece sanciones específicas para los funcionarios públicos que no gestionen de forma responsable los fondos y bienes del Estado. Según el texto, los servidores públicos elegidos o nombrados por el gobierno deberán respetar los principios constitucionales y garantizar una administración transparente de los recursos públicos. La ley contempla que el incumplimiento puede dar lugar a destitución inmediata y a responsabilidades administrativas, civiles o penales, según la legislación vigente. Para que la reforma entre en vigor, necesita una segunda aprobación en la próxima legislatura prevista para 2025.

Objetivos y justificación oficial

El Parlamento justificó la reforma como un paso en la lucha contra la corrupción, promovida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La enmienda busca promover una gestión más eficiente y transparente de los recursos del Estado y del pueblo nicaragüense. El lema oficial es “Todos contra la corrupción”, enfatizaron los legisladores en el debate.

Durante la discusión, los diputados del partido oficialista destacaron que estas modificaciones están relacionadas con la reciente creación de la Procuraduría General de Justicia, establecida en agosto pasado. Esta nueva institución centraliza varias funciones, incluyendo las que antes desempeñaba el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la defensa legal de los intereses del Estado y la ciudadanía.

Nuevo rol de la Procuraduría y la Policía Nacional

La Procuraduría General de Justicia será la encargada de proteger el patrimonio público y luchar contra “todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución”, según el texto aprobado. Además, tendrá la facultad de acusar ante los tribunales a quienes cometan delitos que perjudiquen los bienes del país, como lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

También, la reforma contempla que esta institución podrá identificar, perseguir y procesar a responsables de actos que afecten la economía, los recursos naturales, la cultura y los derechos del pueblo nicaragüense. La legislación prohíbe expresamente el encubrimiento de intereses ajenos a la nación, en un intento de evitar el robo y saqueo de recursos públicos. La ratificación definitiva de esta enmienda está prevista para 2025.

Innovación en la estructura policial y su impacto

Por primera vez en Nicaragua, la Asamblea aprobó una enmienda que permite la existencia de dos jefes al frente de la Policía Nacional. La medida, que ya se aplica de facto desde febrero, será ratificada oficialmente en 2026 y estará en manos de Ortega y Murillo. La figura de dos máximos responsables policiales busca, según las autoridades, mejorar la eficiencia en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas y delitos cibernéticos.

El director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien además es suegro de Ortega y Murillo, aseguró que estas reformas facilitarán una mejor distribución de funciones y fortalecerán la seguridad del país. Díaz, sancionado por EE.UU., afirmó que la medida contribuirá a “proteger la paz” y mejorar la eficacia en las tareas de seguridad.

Mientras tanto, Rosario Murillo explicó que la doble jefatura permitirá una gestión más coordinada y efectiva en la protección de la seguridad pública y los recursos nacionales, en línea con la estrategia del gobierno para consolidar su control sobre las instituciones del Estado.

Imágenes y contexto adicional

Estas reformas reflejan el firme control que Ortega y Murillo mantienen sobre las instituciones del Estado, en un contexto internacional donde Nicaragua ha sido objeto de críticas por su tendencia autoritaria y la represión de la oposición. La creación de nuevas leyes y estructuras busca consolidar aún más su poder, en un escenario donde el país enfrenta sanciones y condenas internacionales.

La aprobación de estas enmiendas constitucionales evidencia el rumbo que ha tomado el gobierno nicaragüense en su gestión, priorizando la centralización del poder y la justificación de sus acciones bajo el pretexto de combatir la corrupción y fortalecer la seguridad.