Nicaragua aprueba ley que confisca 18,000 km² cerca de las fronteras y entrega su control al Ejército, generando preocupación y denuncias de confiscación masiva

La polémica ley que estataliza tierras en las fronteras de Nicaragua

Una nueva legislación aprobada este martes por unanimidad en la Asamblea Nacional de Nicaragua ha generado una ola de inquietud y reproches. La llamada “Ley de Territorio Fronterizo” declara como propiedad del Estado toda franja de tierra ubicada a menos de 15 kilómetros de las fronteras nacionales. La medida afecta más de 18,000 kilómetros cuadrados, incluyendo viviendas, comunidades, fincas, playas y áreas protegidas, lo que ha provocado alarmas entre residentes, opositores y expertos legales.

La ley, aprobada de forma rápida y sin oposición, define estos territorios como “área de frontera” y establece que pasan a ser patrimonio estatal, bajo control directo del Ejército de Nicaragua. El artículo 1 especifica que esta franja se extiende desde el límite fronterizo convencional hasta 15 kilómetros hacia el interior del país, una medida que, según críticos, representa la mayor confiscación territorial en un solo día en la historia reciente del país.

## Impacto social, económico y ambiental

El exprecandidato y opositor Juan Sebastián Chamorro afirmó que esta confiscación afecta a comunidades enteras en localidades como San Carlos, El Castillo, Sapoa, Cárdenas y Waspam. En estos lugares hay viviendas, iglesias, granjas de camarón, plantaciones agrícolas y proyectos turísticos que ahora se ven en incertidumbre. Chamorro advirtió que esta medida tendrá consecuencias graves en los valores de las propiedades y en la confianza de los inversionistas, ya que las propiedades confiscadas no podrán ser vendidas ni heredadas legalmente.

Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que al menos 27 municipios se ven afectados directamente por esta ley, profundizando la inseguridad jurídica en el país. En materia ambiental, expertos como Amaru Ruiz señalaron que la normativa podría facilitar concesiones mineras en áreas protegidas. De hecho, recientes entregas de concesiones a empresas extranjeras en zonas cercanas a la frontera con Costa Rica, algo que antes estaba prohibido, reflejan una tendencia en la gestión de recursos naturales.

## Reacciones oficiales y preocupaciones ciudadanas

Desde el oficialismo, algunos dirigentes intentaron justificar la ley argumentando que busca fortalecer la seguridad en las fronteras frente al crimen organizado. El diputado Edwin Castro afirmó que la medida no afectará a los pobladores, aunque no explicó cómo podrían mantener sus propiedades si estas han sido declaradas estatales. La realidad, sin embargo, muestra que muchas familias y propietarios están en incertidumbre total, sin claridad sobre si podrán seguir viviendo, vendiendo o accediendo a créditos sobre sus bienes.

Dora María Téllez, exguerrillera y opositora, advirtió que esta ley representa una confiscación sin precedentes, dejando en suspenso los derechos de miles de nicaragüenses. La medida, que algunos llaman “La Gran Confiscación”, ha sido interpretada por analistas como una estrategia de control territorial del régimen de Ortega y Murillo, en medio de una creciente paranoia militarista. Téllez cuestionó quiénes serán los beneficiados con esta redistribución de tierras y qué intereses hay detrás de la maniobra.

En definitiva, la ley ha generado preocupación sobre la estabilidad jurídica y la confianza en el país. La incertidumbre sobre la propiedad y los derechos de los habitantes en esas zonas fronterizas podría tener consecuencias duraderas en la inversión y en la vida diaria de miles de nicaragüenses.