Ollanta Humala denuncia secuestro en prisión de Barbadillo a pesar de condena de 15 años por lavado de activos

El expresidente Ollanta Humala, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, rompió su silencio desde su celda tras más de tres meses de prisión preventiva. A través de una columna publicada en el diario La República, Humala denunció haber sido víctima de un proceso que calificó como un “secuestro” y una “violación flagrante al debido proceso”.

En su relato, acusó a los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias de ordenar su detención sin que existiera una sentencia formal ni la información adecuada sobre los fundamentos de la medida. Según Humala, la detención se produjo sin bases legales, y la sentencia definitiva no fue firmada hasta casi dos semanas después, el 2 de mayo, en lo que calificó como un intento de “corregir retroactivamente” la decisión judicial. Además, afirmó que la lectura de la resolución fue parcial y que la sentencia completa ni siquiera estaba disponible en ese momento, lo que evidencia, en su opinión, una simulación judicial y un acto arbitrario.

El exmandatario también afirmó que su esposa, Nadine Heredia, fue obligada a solicitar asilo en el extranjero por los múltiples atropellos que ha sufrido desde hace más de una década a manos del Ministerio Público y el Poder Judicial, a los que acusó de no respetar el debido proceso ni mantener la imparcialidad. Humala sostiene que estos hechos evidencian un uso indebido del derecho, que ha llevado a la judicialización de la política y a socavar la institucionalidad democrática en Perú.

El caso ha generado controversia en el país, especialmente tras la admisión de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, que reconoció que la detención de Humala y su esposa fue inconstitucional, al haberse ordenado solo con un adelanto de fallo. Sin embargo, esta irregularidad fue corregida posteriormente con la entrega del fallo completo por escrito, según explicó el abogado de Humala, Wilfredo Pedraza. Aunque esto no implica que los implicados vayan a salir en libertad de inmediato, sí señala que su detención fue indebida y que, en términos legales, la situación se ha subsanado en ese aspecto.

Humala afirmó que su encarcelamiento representa una vulneración de sus derechos fundamentales y que el sistema judicial en Perú, en su opinión, ha sido manipulado por poderes que controlan de facto el sistema de justicia. Concluyó señalando que, en su percepción, el Estado de derecho y la democracia en el país están en crisis, y que su caso es un reflejo de la pérdida de imparcialidad y transparencia en la justicia peruana.