La ONPE rechaza la candidatura de Vizcarra y el Ministerio Público lo acusa de sobornos

La ONPE rechaza la solicitud de inscripción de Vizcarra como precandidato

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que rechazó el recurso presentado por el partido Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como candidato a la segunda vicepresidencia.

El partido intentó incluir al expresidente en su plancha presidencial, a pesar de que tiene tres inhabilitaciones previas. Sin embargo, la ONPE no autorizó la inscripción debido a que, tras las sanciones impuestas por el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó a Vizcarra del padrón de afiliados.

Por esta razón, Perú Primero no pudo registrar formalmente su precandidatura en el sistema de la ONPE. La agrupación consideró que esta negativa constituía una exclusión que, en su opinión, debería haber sido declarada por un Jurado Electoral Especial o directamente por el JNE, y no por la ONPE.

Respuesta de la ONPE y fundamentación legal

La ONPE rechazó la apelación presentada, argumentando que actuó conforme a la ley. Según explicaron, su competencia no incluye resolver cuestiones internas previas relacionadas con la información electoral remitida por las organizaciones políticas.

En el documento oficial, la ONPE aclara que su decisión se basó únicamente en el padrón de afiliados aprobado por el JNE: «La ONPE no es competente para dirimir cuestiones internas previas a la información que la organización política remite respecto a las candidaturas. La entidad se limitó a considerar la información oficial enviada por el JNE, en particular, el padrón de electores afiliados.»

Asimismo, la resolución señala que «el hecho de que la respuesta y sus fundamentos no hayan sido los esperados» no implica que la decisión carezca de motivación adecuada. La ONPE reafirmó que su actuación fue conforme a la normativa vigente.

Acusaciones penales contra Martín Vizcarra

El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido más de dos millones de soles (alrededor de 590.000 dólares) de las empresas Obrainsa e ICCGSA. La supuesta entrega de fondos ocurrió a cambio de la adjudicación de las obras “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua” entre 2014 y 2016.

La Fiscalía solicitó 6 años de prisión para Vizcarra en el caso de “Lomas de Ilo” y 9 años por el caso del “Hospital de Moquegua”. Además, se pide la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante nueve años y el pago de una multa de 151.580 soles (aproximadamente 44.979 dólares o 38.767 euros).

Respuesta de Vizcarra y próximos pasos

El expresidente negó cualquier intención de solicitar asilo tras la ratificación de una pena de 15 años de prisión por parte de la Fiscalía en el juicio oral. En sus declaraciones, afirmó: «No hay posibilidad de asilo en absoluto. Pueden consultarlo con cualquier embajada o representante diplomático, no hay ninguna opción.»

Por su parte, el procurador para el caso Lava Jato, Carlos Fernández, solicitó «una sentencia ejemplar y dura contra el acusado», resaltando la solidez de las pruebas presentadas.

El tribunal programó una audiencia para el próximo jueves a las 8:30. En ella, se escuchará la defensa final, primero a cargo del abogado de Vizcarra, con una intervención de dos horas, y posteriormente, el propio exmandatario dispondrá de un máximo de 15 minutos.