Organizaciones civiles piden al Congreso actualizar la Ley Integral de VIH tras 20 años

Incremento de casos de VIH en Perú impulsa el debate por una Ley Integral

En los últimos años, Perú ha experimentado un notable aumento en los casos de sida (VIH). Ante esta alarmante tendencia, organizaciones civiles, expertos en salud y colectivos de personas afectadas han intensificado sus esfuerzos para lograr la aprobación de una Ley Integral de VIH. Esta legislación busca reemplazar el marco normativo vigente, que lleva más de veinte años sin modificaciones sustanciales.

La propuesta, presentada bajo el Expediente N.º 13202-2025/CR por la congresista Susel Paredes y el Bloque Democrático, responde a la evidente brecha entre la situación epidemiológica actual y las leyes obsoletas. La legislación vigente ya no refleja las necesidades reales del país frente a la epidemia.

Situación epidemiológica y desafíos en el tratamiento

En Perú, aproximadamente 110,000 personas viven con VIH, lo que corresponde a una prevalencia nacional de alrededor de 0.4 % en la población adulta. Sin embargo, en grupos vulnerables, las cifras son mucho más altas: cerca del 10 % en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y entre el 31.8 % y el 33.4 % en mujeres transgénero.

A pesar de los avances en tratamientos antirretrovirales, que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han reducido la mortalidad en un 56 %, las cifras oficiales del Ministerio de Salud muestran una tendencia preocupante. Solo en el último año, se notificaron 6,161 nuevos casos de VIH y 878 diagnósticos de enfermedad avanzada, lo que evidencia que la atención temprana aún es insuficiente.

Propuesta legislativa para mejorar la atención y protección de personas con VIH

La iniciativa busca actualizar el enfoque nacional en prevención y tratamiento, incorporando estrategias como la prevención combinada, el acceso garantizado a Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), y el reconocimiento del principio Indetectable = Intransmisible. Además, propone fortalecer la protección de derechos humanos, establecer mecanismos de protección social para las personas con VIH y asegurar la destinación de recursos adecuados para el programa nacional.

Voceros de la sociedad civil, como Fernando Cisneros Dávila de ALEP Perú, han manifestado que el Congreso debe debatir con urgencia esta propuesta para reducir la incidencia de nuevos casos y cerrar las brechas en la atención. Otros representantes, como Luz Bustillos de CONAMUSA y Alex Juárez de Un Mundo con SeroEstigma, advirtieron que las leyes vigentes (de 1996 y 2004) no reflejan la realidad actual, marcada por altos niveles de estigma, discriminación y desigualdades en regiones y comunidades indígenas.

La propuesta cuenta también con el respaldo de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con VIH. Su secretaria, Guiselly Flores, destacó que la nueva ley permitiría consolidar los avances logrados y garantizar recursos internos para cumplir con el compromiso global de eliminar el sida para el año 2030.

Una crisis silenciosa en el país

La situación de las personas que viven con VIH en Perú es crítica, especialmente en las regiones amazónicas. Factores culturales, lingüísticos y estructurales han generado un escenario que, según el periodista y activista Marlon Castillo, “nos transporta a los años 80 y 90” de la epidemia.

Castillo señala que, solo en la semana previa al 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, la red de salud de Imaza reportó cuatro fallecimientos por VIH en fase avanzada, todos en jóvenes. Esto demuestra que no solo hay deficiencias en el suministro de medicamentos, sino también en la atención y prevención, y que las políticas actuales no son suficientes.

Desabastecimiento y mala gestión de medicamentos

La crisis en el abastecimiento de antirretrovirales ha sido otro golpe duro para las personas con VIH. Castillo recuerda que, entre 2023 y 2024, la situación se agravó hasta el punto de que activistas, incluido él mismo, presentaron una acción de cumplimiento ante el Poder Judicial, logrando que se reconozca la omisión del Estado.

“La gestión del CENARES ha sido inestable, con cambios políticos repentinos y una administración deficiente en las compras públicas”, afirma. Esto provocó semanas de desabastecimiento, bajo el argumento de que no había stock internacional y que en el país no se producen estos medicamentos.

La problemática también afecta a EsSalud, donde los procesos de compra son más lentos y el estigma desalienta a los usuarios a denunciar la falta de medicamentos o servicios. Castillo además informa que, hace apenas un mes, pacientes del hospital Lanfranco La Hoz tuvieron que pagar de su bolsillo por pruebas de laboratorio debido a la falta de insumos.

Recursos insuficientes y distribución desigual

Para Castillo, el problema no radica únicamente en la reducción del presupuesto —que, según indica, también se ha recortado en algunas categorías para 2026—, sino en su mala ejecución. “La mayor parte de los recursos se destina a personal, mientras que los fondos para prevención y educación son mínimos”, lamenta.

Asimismo, advierte sobre las distorsiones en la distribución de recursos: regiones con menor incidencia reciben más financiamiento que las zonas más críticas, como la Amazonía. “Es fundamental gastar con calidad. Cambiar partidas de un rubro a otro sin planificación adecuada es malversación”, explica.

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