Osiptel permite desconexión rápida de líneas móviles vinculadas a extorsión y estafas

Osiptel oficializa un procedimiento para bloquear líneas móviles vinculadas a delitos

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha aprobado un nuevo procedimiento que permite a las operadoras de telecomunicaciones dar de baja líneas móviles y bloquear teléfonos vinculados a actividades delictivas, en respuesta a solicitudes de las autoridades encargadas de combatir la inseguridad ciudadana.

Contexto y objetivos de la normativa

Esta iniciativa, formalizada mediante la Resolución de Consejo Directivo n.º 134-2025-CD/OSIPTEL, busca fortalecer las acciones contra delitos como extorsión y estafa. Su finalidad es garantizar que las empresas operadoras respondan de manera rápida y efectiva a las solicitudes de entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Relación con el estado de emergencia y la lucha contra delitos

La normativa surge en un contexto en el que, durante el estado de emergencia, ya se venían suspendiendo servicios móviles relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, la reciente resolución establece una directriz clara y permanente que obliga a las operadoras a actuar con rapidez ante la notificación formal de las autoridades.

Procedimiento para la baja y bloqueo de líneas

El proceso implementado por Osiptel contempla que, tras recibir el informe de la autoridad competente, la orden se remite a la operadora a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). Desde ese momento, la empresa tiene un plazo máximo de un día calendario para dar de baja la línea o bloquear el teléfono implicado.

Este mecanismo busca reducir el tiempo durante el cual los delincuentes pueden seguir utilizando estos dispositivos para actividades ilícitas, limitando así su impacto en la seguridad ciudadana.

Proceso de reactivación y derechos del usuario

La normativa también contempla la posibilidad de reactivar un servicio o desbloquear un equipo si la autoridad competente lo solicita dentro de los 90 días posteriores a la baja. En tal caso, la reactivación deberá realizarse en un plazo igual, garantizando la flexibilidad y la protección de los derechos del usuario si se demuestra que la línea o el dispositivo no están vinculados a actividades delictivas.

Obligaciones de las operadoras y transparencia

Un aspecto fundamental de la regulación es la obligación de las empresas de informar al usuario afectado a través de todos sus canales de atención. La comunicación debe detallar la fecha y el motivo de la medida, la entidad que la solicitó y los medios disponibles para presentar consultas u objeciones.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de los plazos establecidos, la omisión en la comunicación al usuario o la falta de reporte de las acciones al Renteseg serán sancionados como infracciones administrativas. La normativa busca garantizar la transparencia en la gestión y evitar afectaciones injustificadas a los usuarios.

En conclusión, esta regulación refuerza la colaboración entre las operadoras y las autoridades para combatir el uso ilícito de líneas móviles y teléfonos, promoviendo un sistema más seguro y transparente para todos los usuarios.