Paciente afectado por la tragedia de Tarma enfrenta retrasos en activación del SOAT; Expreso Molina permanece sin respuesta

Kimberly Zúñiga Velásquez, una joven de 23 años, continúa en silla de ruedas tras sobrevivir al trágico accidente de autobús ocurrido en la carretera hacia Chanchamayo, en Tarma, el pasado 25 de julio. El siniestro, que provocó la muerte de 17 personas y dejó 24 heridas, ha dejado profundas secuelas en su vida. La joven viajaba con la intención de celebrar la culminación de sus estudios en psicología, pero su camino se vio truncado por las graves lesiones que sufrió.

Zúñiga relató que no pudo recibir atención médica adecuada de inmediato debido a retrasos en la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), un requisito fundamental para acceder a los servicios médicos en casos de emergencia en Perú. La joven fue trasladada inicialmente a una posta médica, luego a un hospital y, finalmente, a una clínica, en cada una de las cuales enfrentó dificultades para ser atendida. La escasez de equipos, la falta de personal especializado y la demora en la validación del seguro complicaron aún más su situación.

Mientras esperaba en la clínica, Kimberly enfrentó un problema adicional: la demora en la validación del SOAT impidió que la atendieran con urgencia. Según su testimonio, tuvo que esperar más de 48 horas para que se aprobara su cobertura, lo que agravó su estado. Además, sufrió lesiones en el rostro, la nariz y la mandíbula, y todavía no puede sentir sus dientes. La joven también padece problemas respiratorios, ya que no puede respirar por la nariz y tiene los labios lesionados.

La situación se prolongó incluso al llegar a Lima, donde en una clínica capitalina le informaron que no la atenderían en emergencia hasta que se validara su cobertura. La espera prolongada ha tenido consecuencias graves en su salud, y actualmente su familia expresa preocupación por su recuperación. Kimberly necesita asistencia constante, y sus seres queridos reclaman respuestas y acciones concretas por parte de la empresa responsable del transporte.

Por otra parte, la fiscalía de Tarma ha dictado prisión preventiva por nueve meses para Dante Llalli, conductor del autobús implicado en el accidente. Las investigaciones apuntan a que su negligencia pudo haber contribuido a la tragedia, y se le acusa de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por incumplimiento de las normas de tránsito.

Este caso evidencia las deficiencias en el sistema de atención médica y en la gestión del seguro en Perú, aspectos que deben mejorar para garantizar una respuesta rápida y efectiva en situaciones de emergencia. La familia de Kimberly y las autoridades continúan exigiendo justicia y soluciones inmediatas para quienes resultaron afectados en esta tragedia.