PCM y Municipalidad de Lima enfrentan conflicto por obras de PROLIMA y riesgo a la seguridad presidencial

## Conflicto en el centro de Lima por obras en la muralla y seguridad presidencial

En el corazón de Lima, a pocos pasos del Palacio de Gobierno, se desarrolla una disputa que involucra dos intereses de gran relevancia para el país: la protección del patrimonio histórico y la seguridad de la jefatura del Estado. La Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) interpuso una demanda de hábeas corpus contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. La acción legal argumenta que las obras de recuperación de la antigua muralla limeña, realizadas por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico (PROLIMA), obstaculizan accesos estratégicos al Palacio y ponen en peligro la seguridad de la presidenta Dina Boluarte.

El procurador Carlos Enrique Cosavalente Chamorro sostiene que las restricciones en las calles cercanas al Palacio afectan derechos fundamentales. En su denuncia, advierte que «el bloqueo de accesos compromete la continuidad institucional y la seguridad nacional». La demanda fue presentada ante el Poder Judicial y a la cual tuvo acceso Infobae Perú.

## Impacto de las obras en la movilidad y seguridad del Palacio

El hábeas corpus presentado por la PCM se centra en los efectos directos de las obras del proyecto titulado “Investigación Arqueológica, Conservación y Puesta en Valor de las Portadas, Baluartes y Tajamares de la Muralla de Lima”. Según la Procuraduría, estas intervenciones han bloqueado la cochera principal del Palacio y reducido los accesos vehiculares a un único ingreso por el jirón Trujillo.

Además, las vías alternas, como los jirones Ancash y Carabaya, fueron convertidas en zonas peatonales, limitando la movilidad de funcionarios y visitantes oficiales. El plan de señalización de PROLIMA también reduce a un solo carril la salida hacia la avenida Tacna. La Procuraduría señala que esta modificación impide el despliegue operativo de la cápsula de seguridad presidencial, compuesta por once vehículos, dificultando su movilidad en caso de emergencia.

Entre los riesgos señalados por la PCM se encuentran el bloqueo de la cochera principal, las limitaciones para maniobrar la cápsula vehicular de seguridad y la afectación del uso del helipuerto para operaciones de evacuación en caso de emergencia.

## Riesgos adicionales y vulnerabilidad en la zona

El procurador Cosavalente advirtió que la reconstrucción del llamado “Arco de Piedra”, en las inmediaciones de la residencia presidencial, aumenta la vulnerabilidad del Palacio frente a posibles ataques. Este punto elevado y accesible al público, según el funcionario, incrementa la exposición a amenazas terroristas o delictivas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno recordó antecedentes como el intento de ataque con mortero en 1987 y el hallazgo de armamento en 2014 en las cercanías del Palacio. El análisis de riesgos establece un radio de 500 metros y tres anillos de seguridad, cuya alteración compromete los protocolos de respuesta inmediata en caso de incidentes.

## Falta de coordinación y legalidad en las obras

Uno de los principales argumentos de la demanda es que la Municipalidad de Lima ejecutó las intervenciones sin coordinar previamente con la Presidencia ni con los órganos de seguridad correspondientes, como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La Gerencia de Movilidad Urbana autorizó las modificaciones en el tránsito sin comunicarlo al Palacio, lo que impidió diseñar alternativas menos restrictivas para la seguridad.

Además, no se entregaron las actas informatizadas de inspección requeridas por la Resolución Directoral N.º 000463-2024-DCIA-DGPA-VMPCIC/MC. Esto dificulta verificar si parte de la intervención afecta propiedades estatales protegidas. La zona donde se ubica el Palacio de Gobierno tiene un registro a favor del Despacho Presidencial de 18.262,10 metros cuadrados, y la intervención se realizó sin acto administrativo que justifique la afectación de esta propiedad.

En conclusión, la disputa refleja la tensión entre la conservación del patrimonio y la necesidad de garantizar la seguridad en una zona de alta sensibilidad política y simbólica para el país.