Pedro Castillo busca candidatura al Senado y enfrenta proceso de inhabilitación en Perú

Juntos por el Perú anunció la precandidatura del expresidente Pedro Castillo al Senado de la República. Aunque actualmente enfrenta un proceso penal por el fallido autogolpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022, esto no lo descalifica automáticamente para postularse a cargos públicos, según expertos en derecho electoral.

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¿Qué establece la normativa?

Según Naupari, «el impedimento surge únicamente a partir de una sentencia condenatoria», condición que actualmente Pedro Castillo aún no cumple. La norma busca garantizar la integridad de los funcionarios públicos, evitando que aquellos condenados por delitos graves puedan postularse.

Ambos expertos agregaron que Castillo Terrones tampoco está actualmente inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos.

Villalobos señaló: «Si lo inhabilitan antes del 23 de diciembre, no podrá inscribirse como candidato, o si recibe una condena en primera instancia, esto también lo impediría». Actualmente, Castillo ha presentado sus alegatos de defensa y se espera que en las próximas semanas se conozca la sentencia. «Lo que ocurra primero será determinante», afirmó.

En caso de que el exmandatario no reciba una condena en primera instancia ni sea inhabilitado por el Congreso, podría presentarse como candidato al Senado en las Elecciones 2026. Sin embargo, advirtieron que una condena penal firme, incluso un día antes de la elección, podría excluirlo del proceso.

El Congreso busca inhabilitar a Pedro Castillo

Por otra parte, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Lady Camones, aprobó con 10 votos a favor y 3 en contra el informe final que recomienda la denuncia constitucional e inhabilitación contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta. Todos están vinculados al proceso por el fallido autogolpe de Estado.

La congresista Ana Zegarra, encargada de presentar el informe final, afirmó: «Hemos determinado que, conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso y en respeto a la Constitución, el proceso ha seguido un debido proceso. Consideramos que las conclusiones son constitucionalmente justas y que las medidas propuestas cumplen con los parámetros normativos para lograr los objetivos del proceso de acusación constitucional».