Perú evalúa abandonar la Corte IDH por considerar que el sistema ya no refleja su realidad

## Perú evalúa retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Perú podría dar un giro significativo en su relación con los organismos internacionales de derechos humanos. El canciller Elmer Schialer anunció que el Gobierno está evaluando la posibilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que implicaría un eventual retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Este sistema ya no responde a la realidad del Perú”, afirmó en una entrevista con Latina Noticias, encendiendo las alarmas en la región.

## Creación de un grupo de trabajo para evaluar la salida

Schialer precisó que el Ejecutivo ha conformado un grupo de trabajo encargado de analizar los antecedentes, fundamentos y posibles consecuencias de una salida de la Corte IDH. Este proceso, según explicó, no se resolverá de inmediato, sino que podría tomar entre uno y tres años. El canciller subrayó que “no es un tema de gobierno, sino de Estado”, y que la decisión final será del Congreso de la República. Además, reconoció que la vida internacional del país no se detiene y que la evaluación continuará en el tiempo.

## Críticas a las resoluciones del Sistema Interamericano

El funcionario insistió en que las resoluciones y recomendaciones del Sistema Interamericano “no se condicen con la realidad del Perú” y criticó que, en su opinión, sus informes carecen de objetividad. “Lo que queremos es una visión más integral y comprensiva, porque el país se ha portado más que bien con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó. La postura del gobierno refleja una creciente tensión con los organismos internacionales de derechos humanos.

## Contexto político y acciones recientes del gobierno

Este anuncio se produce en un escenario político marcado por tensiones con la Corte IDH y cuestionamientos a la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, en medio de polémicas por la ley de amnistía a policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. La ley, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, ha sido duramente criticada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

## Medidas para limitar la influencia internacional

La presidenta Dina Boluarte reforzó esta línea con la creación de un Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional, presidido por el Ministerio de Defensa e integrado por altos mandos militares y representantes de otros ministerios clave. Su misión es elaborar, en un plazo de 60 días, un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que limite la supuesta injerencia de organismos internacionales en asuntos internos.

## Gestos políticos y confrontación con la Corte IDH

El mismo día que se promulgó la ley de amnistía, Palacio de Gobierno organizó una ceremonia en la que estuvo presente Juan Rivera Lazo, exjefe del Grupo Colina y condenado a 25 años por la masacre de Barrios Altos. Su presencia fue interpretada como un acto político que refuerza la intención del gobierno de confrontar a la Corte IDH y a los organismos internacionales en materia de derechos humanos.