Perú: Gobierno de Boluarte modifica reglas para el uso de la fuerza letal

Reforma legal en Perú amplía las facultades de la Policía Nacional en el uso de la fuerza

El Ministerio del Interior (MININTER) ha prepublicado una reforma basada en la Ley 32291, aprobada en abril de 2025 por el Congreso de la República. Esta normativa autoriza explícitamente el uso letal de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en intervenciones contra individuos armados o que aparenten peligro, incluso cuando se utilicen réplicas, armas inoperativas o elementos que puedan parecer peligrosos.

La iniciativa, plasmada en la reciente Resolución Ministerial N° 1899-2025-IN, representa un cambio significativo en la política de seguridad ciudadana. La norma permite a los agentes actuar con mayor autoridad y bajo una presunción legal reforzada de legítima defensa, facilitando acciones más estrictas en el cumplimiento de su labor.

Detalles de la nueva normativa y alcance del uso de la fuerza

La legislación derivada de la Ley 32291 y el proyecto del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186 clarifican los escenarios y límites para la actuación policial. Según la normativa, los efectivos podrán abatir a un presunto infractor si este utiliza armas, réplicas u objetos peligrosos. Además, en casos de flagrancia, tendrán un plazo de hasta 24 horas —según la propia Defensoría de la Policía Nacional del Perú— para localizar y neutralizar a la persona si el riesgo persiste.

Un aspecto relevante es que la intervención será considerada legítima incluso si posteriormente se demuestra que el arma era falsa. Esto elimina controversias judiciales previas sobre la naturaleza del objeto portado y otorga a los policías una protección legal directa ante posibles procesos legales.

Preocupaciones y consideraciones sobre el uso de la fuerza

Desde el Ministerio del Interior sostienen que esta mayor permisividad no debe aplicarse en contextos de protestas o marchas ciudadanas, dado que en esas situaciones los policías no portan armas de fuego. Sin embargo, el historial reciente en el manejo del orden público genera inquietudes acerca del posible uso excesivo o extendido de la fuerza.

Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante la represión de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, se registraron 20 fallecidos, 19 de ellos por impactos de bala. Estos incidentes, donde la presencia de armamento policial letal fue ampliamente documentada, han alimentado debates sobre la proporcionalidad y límites del uso de la fuerza en el país.

Contexto y justificación de la reforma

El MININTER justifica la reforma argumentando que busca fortalecer la operatividad policial y subsanar vacíos legales que, en su opinión, limitaban la capacidad de reacción del Estado frente a la delincuencia. La percepción de inseguridad y el aumento de los delitos han sido motivos centrales para impulsar estos cambios.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2024, el 56,2% de la población identifica la corrupción y la delincuencia como los principales problemas del país. Además, el 45% señala la delincuencia como una de las mayores preocupaciones. En ese mismo año, el 27,5% de los habitantes urbanos de 15 años o más reportó haber sido víctima de algún delito en los últimos seis meses, mientras que la percepción de inseguridad alcanza al 85,6% en áreas urbanas y al 87% en las principales ciudades.

Impacto del aumento migratorio y desafíos adicionales

El gobierno peruano también atribuye el incremento en la inseguridad a factores como el aumento del flujo migratorio, especialmente de ciudadanos venezolanos, que supera los 1,5 millones en Perú. La participación de extranjeros en actividades delictivas ha añadido complejidad a la problemática de seguridad pública.

Inversiones y desafíos en la implementación

Para poner en marcha esta reforma, el Gobierno peruano planea realizar inversiones en equipamiento no letal, como bastones, aerosoles, proyectiles de impacto cinético y armas eléctricas. Además, se priorizará la capacitación en derechos humanos y en el uso diferenciado de la fuerza, además de fortalecer los sistemas de control interno y los mecanismos de reporte y revisión de actuaciones policiales.

Entre los beneficios esperados están una mayor legitimidad institucional, la profesionalización de la PNP, la reducción de quejas por uso excesivo de la fuerza, el cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos, y una mejor protección del derecho a la vida y la integridad física de la ciudadanía. Todo ello, con la finalidad de incrementar la confianza en las instituciones de seguridad.

Desafíos y consideraciones finales

No obstante, el principal reto será encontrar un equilibrio entre brindar un respaldo efectivo a la Policía en escenarios críticos y garantizar las garantías fundamentales de los ciudadanos. La implementación de estas medidas debe ser cuidadosa para evitar abusos y proteger los derechos humanos en un contexto de creciente inseguridad.