La participación de Monsanto en la ciencia

El tema cobró mayor relevancia en 2017, cuando se divulgaron documentos internos de Monsanto que evidencian la participación de empleados en la redacción del estudio. La compañía aseguró que su contribución fue mínima y que no llegó a «el nivel necesario para reivindicar la autoría», además de que dicha colaboración fue reconocida en los agradecimientos del artículo.

Los documentos muestran que una científica agradeció a un «grupo de personas» por su «excelente trabajo» en ese estudio y en otros relacionados, incluso obsequiándoles camisetas de Roundup, marca del herbicida, en señal de agradecimiento.

El debate sobre el glifosato continúa

El uso del glifosato se popularizó en la década de 1970 y se expandió considerablemente en los años 90, en medio de la defensa que ofrecía el estudio ahora retirado. Su importancia fue tal que influyó en regulaciones en diversos países.

Mientras Monsanto —adquirida posteriormente por Bayer— mantiene que su producto no representa riesgos graves para la salud, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica como «probable carcinógeno» desde 2015. Aunque esta categoría no implica certeza absoluta, sí indica una evidencia suficiente para imponer regulaciones estrictas. Como resultado, varios países han restringido o reducido su uso.

El científico Nathan Donley, del Centro para la Diversidad Biológica, opina que la retractación probablemente no alterará la postura de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que durante la administración de Donald Trump adoptó una posición favorable a la industria. Sin embargo, señala que sí podría influir en las regulaciones europeas, donde el debate sigue siendo más riguroso.

Este caso pone en evidencia un problema grave: la influencia que pueden tener estudios científicos con conflictos de interés ocultos en la formulación de políticas de salud pública que afectan a millones de personas.

Situación en Perú

En Perú, la problemática es aún más urgente. El país mantiene un uso extensivo de pesticidas altamente peligrosos, muchos de los cuales están prohibidos en la Unión Europea debido a sus impactos en la salud y el ambiente.

El Estado peruano no cuenta con registros claros para numerosos pesticidas, lo que permite su venta sin una reevaluación toxicológica moderna. Según un reportaje de Salud con Lupa, empresas como Syngenta mantienen en el mercado 42 pesticidas prohibidos en Europa, algunos asociados a intoxicaciones graves, daños en el sistema nervioso y efectos a largo plazo en órganos vitales.

El presidente del Consorcio Agroecológico Peruano ha señalado la necesidad de fortalecer los controles y regulaciones para proteger la salud pública y el medio ambiente.