Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), advirtió sobre la grave situación de la pesca ilegal de pota en Perú. La actividad, principalmente llevada a cabo por embarcaciones con bandera China, representa una amenaza significativa para la economía del sector pesquero peruano, estimándose una pérdida de USD 800 millones al año.

El dirigente explicó que, si se calcula que la captura de aproximadamente medio millón de toneladas de pota en bruto se convierte en productos finales, la cifra sería de unas 150,000 toneladas. A valor de exportación, esto equivale a cerca de 800 millones de dólares que las empresas peruanas dejan de facturar. Ego Aguirre afirmó: «Nuestros amigos de China no pagan un medio, ni impuestos, ni nada».

Según Ego Aguirre, entre 200 y 300 embarcaciones extranjeras —principalmente de China, Japón, Corea del Sur y Taiwán— operan de manera recurrente en la región, realizando frecuentes incursiones dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva peruana.

La pota es una de las especies más relevantes para el consumo humano en Perú. Su pesca genera empleo y sustento para numerosas embarcaciones artesanales, fábricas y comunidades que dependen directamente de ella, destacó Ego Aguirre en entrevista con Infobae Perú.

El impacto económico de esta actividad ilícita es considerable. El representante empresarial estimó que las flotas extranjeras extraen anualmente más de 500.000 toneladas métricas de pota, procesan el recurso en alta mar y lo exportan sin dejar divisas ni pagar impuestos en el país.

Asimismo, denunció la ausencia de un sistema nacional de monitoreo satelital bajo control peruano, lo que facilita la evasión de controles y sanciones. Esta situación también favorece la competencia desleal hacia los pescadores nacionales, quienes deben cumplir con vedas y regulaciones estrictas.

Frente a esta problemática, la Cámara de Comercio de Lima propuso intensificar la fiscalización, decomisar embarcaciones infractoras, suspender apoyos logísticos —como suministro de combustible o servicios de reparación en puertos— y elevar notas diplomáticas de protesta. Como ejemplo, se señalan las acciones adoptadas por Chile y Argentina, donde la respuesta a la pesca ilegal incluye la incautación inmediata de los barcos involucrados.

En respuesta a las denuncias de la CCL y los gremios pesqueros, el Ministerio de la Producción negó la existencia de embarcaciones extranjeras en aguas peruanas. El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, afirmó a Canal N: «No hay ninguna incursión de embarcaciones de bandera extranjera dentro de nuestro mar. Esta es una situación que podríamos decir que son fantasmas del pasado».