Perú anuncia cambios regulatorios en la industria de macroalgas marinas

El Ministerio de la Producción de Perú (Produce) ha publicado el Decreto Supremo N° 024-2025-PRODUCE, que introduce modificaciones significativas en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) de las Macroalgas Marinas. Esta normativa busca impulsar la sostenibilidad, modernización y trazabilidad en la producción y procesamiento de macroalgas en el país.

Novedades y principales cambios

Una de las principales novedades es la implementación de un procedimiento que otorga un plazo de 24 meses para que las licencias artesanales puedan ser adecuadas a las condiciones propias de una operación industrial. Este proceso tiene como objetivo promover una actividad pesquera más sustentable, garantizando el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y el cumplimiento de los estándares modernos en transformación, inocuidad y trazabilidad.

Procedimientos y cronogramas

Los Gobiernos Regionales dispondrán de 20 días hábiles desde la publicación del decreto para identificar las licencias de operación artesanal de macroalgas marinas que puedan ser ajustadas a licencias industriales.

Una vez identificadas, en un plazo máximo de 15 días hábiles, deberán publicar en su sitio web el listado de plantas artesanales susceptibles de adecuación, especificando el tipo de planta (para consumo humano directo –CHD–, indirecto –CHI– o no alimenticio). Este listado será remitido en un plazo de 5 días a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto.

Plazos y controles durante la transición

Las plantas identificadas tendrán 24 meses (dos años) a partir de la publicación del listado para completar su proceso de adecuación a la categoría industrial. Durante este período, seguirán siendo reconocidas temporalmente como artesanales.

Además, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, en coordinación con los Gobiernos Regionales, establecerá mecanismos de control y otorgará un Certificado de Procedencia que garantice el origen legal de las macroalgas durante toda la cadena de producción y comercialización.

Registro y transparencia

Los Gobiernos Regionales deberán remitir a la Dirección General de Pesca Artesanal las licencias artesanales otorgadas, para su sistematización en una base de datos nacional. Asimismo, deberán publicar, en un plazo de 10 días desde la vigencia del decreto, el listado actualizado de todas las plantas de procesamiento de macroalgas en su región, incluyendo aquellas que procesan para consumo directo, indirecto o productos no alimenticios, con enlaces a sus plataformas digitales.

Clasificación y capacidad de las plantas

Se establece una distinción normativa entre las plantas artesanales, que realizan operaciones manuales o básicas, y las industriales, que utilizan equipos especializados y realizan procesos de mayor complejidad. Produce aprobará, en un plazo de 120 días tras la publicación del decreto, una fórmula oficial para determinar la capacidad instalada de las plantas industriales.

Requisitos sanitarios y protección ambiental

Las plantas que procesan macroalgas para consumo humano, ya sea directo o indirecto, deberán contar con habilitación sanitaria. En cambio, las que se dedican exclusivamente a productos no alimenticios estarán exentas de este requisito para obtener su licencia.

Con estas medidas, el Estado busca ordenar el procesamiento de macroalgas, fortalecer los controles de inocuidad y trazabilidad, proteger el ecosistema marino y salvaguardar los intereses de las comunidades pesqueras.

Impacto económico y principales especies

El yuyo, una de las macroalgas principales que Perú exporta, especialmente hacia China, es un ejemplo del potencial del sector. La regulación busca potenciar la producción y exportación sostenible de estas especies, que representan una fuente importante de ingreso para las comunidades locales.

En resumen, la nueva normativa representa un paso importante hacia la formalización y sostenibilidad del sector de macroalgas en Perú. Con la implementación de estos procedimientos, el país busca garantizar la trazabilidad, la inocuidad y la protección de sus recursos marinos, promoviendo un aprovechamiento responsable y competitivo del recurso.