Peruanos afectados por suplantación de identidad enfrentan procesos legales

Detención en el mercado de Pro y revelaciones sobre Luis Alexander Abarca Pintado

Era pasadas las cuatro de la tarde en el mercado de Pro cuando un grupo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se acercó a un comerciante ambulante para solicitarle su DNI. El hombre en cuestión, Luis Alexander Abarca Pintado, de 38 años y originario de Cajamarca, había llegado a Lima hace más de 15 años en busca de mejores oportunidades.

Con tranquilidad, Abarca Pintado mostró su documento, mientras llevaba brasieres en una bolsa, listo para comenzar su jornada de venta. Sin embargo, tras una revisión, los oficiales lo esposaron y lo trasladaron a la comisaría Santa Luzmila de Pro. Sin saberlo, el comerciante se encontraba en la lista de personas requisitoriadas por un delito que, hasta ese momento, él aseguraba no haber cometido.

Implicaciones legales y antecedentes del caso

De acuerdo con información de la Fiscalía, la investigación remonta a 2019, cuando la organización criminal conocida como Cybercaneros realizó un delito de “phishing”. El 17 de mayo de ese año, lograron acceder de manera ilícita a las cuentas del Banco BBVA de la empresa Lamidecor S.A.C., realizando transferencias por S/201.040.

Para ello, crearon un usuario digital en la plataforma bancaria Continental Net Cash, activaron un token de seguridad y en cuestión de minutos trasladaron los fondos a la cuenta de una mujer. Todos estos movimientos quedaron registrados en archivos y claves, incluyendo el número utilizado para activar el Token Digital, que figuraba a nombre de Luis.

Situación judicial de Luis Abarca Pintado

Tras permanecer en prisión durante tres días, el comerciante fue puesto en libertad. Sin embargo, actualmente enfrenta una acusación que podría conllevar una condena de hasta diez años de prisión. Además, el Ministerio Público exige una reparación civil de S/48,000, una cifra que resulta imposible de pagar para alguien que vive en una vivienda de madera en Pachacútec, distrito de Ventanilla.

En los registros del expediente, su nombre aparece ligado a una red de fraude, como si dos vidas distintas estuvieran inscritas en un mismo documento. Abarca Pintado sostiene que fue víctima del robo de su DNI tres años antes, cuando unos delincuentes armados ingresaron a la pollería donde cenaba con su esposa e hija. Los asaltantes se llevaron su canguro, documento, billetera, celular y una cámara fotográfica.

Aunque denunció el hecho en su momento, al consultar en la comisaría, le informaron que su denuncia no figuraba en el sistema, lo que genera dudas sobre la gestión policial en su caso.

Implicaciones para Rosangélica Quiñones Pesantes

En 2023, Rosangélica Adelaide Quiñones Pesantes, de 30 años y actualmente empleada en el restaurante familiar De Olivia, también enfrenta las consecuencias de una suplantación de identidad. Al intentar postular a un trabajo con Movistar, en el que sería responsable de proveer recargas para tiendas, la empresa rechazó su candidatura, alegando que en su sistema aparecían antecedentes policiales.

Su problema se remonta a 2020, cuando una mujer la denunció por estafa en la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos. La denuncia señala que la víctima pactó la venta de un celular a través de WhatsApp, realizando un primer pago de S/170 y un segundo de S/150, tras lo cual la supuesta vendedora la bloqueó, dejando sin el dispositivo.

Quiñones Pesantes afirma que no tiene conocimiento de la línea 973448795 desde la cual supuestamente mantuvo la comunicación con la denunciante, lo que evidencia la posible suplantación de identidad y la afectación a su reputación.

Este caso refleja las complicaciones que enfrentan muchas personas debido a delitos digitales y su impacto en su vida cotidiana y oportunidades laborales.