Petroperú anuncia segunda búsqueda tras declinar la primera convocatoria para auditoría forense en la refinería de Talara

Petroperú anunció que la primera convocatoria internacional para seleccionar a la firma encargada de realizar un análisis forense sobre la construcción y puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara (NRT) fue declarada desierta. La decisión se tomó después de que ninguna de las empresas participantes cumpliera con los requisitos técnicos mínimos establecidos, lo que impidió avanzar en el proceso y llevó a la apertura de una segunda convocatoria en el menor tiempo posible.

La auditoría, inicialmente prevista para comenzar en agosto de 2025 y concluir en abril de 2026, tiene como objetivo principal identificar responsables y esclarecer las causas del incremento del costo total del proyecto, que superó los 6,000 millones de dólares. La magnitud de la inversión, junto con la complejidad técnica y los prolongados plazos de ejecución, ha generado una presión constante sobre la gestión de la empresa estatal, tanto en el pasado como en el presente.

Un aspecto particularmente crítico ha sido la gestión del ex presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, quien dirigió la compañía hasta principios de 2020 y actualmente se muestra como un crítico de la administración. Durante su mandato, se tomó la polémica decisión de cerrar y desmantelar de manera inmediata la antigua refinería en Talara, anunciada oficialmente en diciembre de 2019. Esta decisión no solo generó controversia, sino que también afectó negativamente la continuidad operativa y la posición estratégica de Petroperú. Además, la interrupción abrupta de la producción nacional de combustibles durante la modernización, iniciada en 2014, permitió que Repsol, principal competidor privado, aumentara su participación de mercado, en detrimento de Petroperú.

La pérdida de cuota en el mercado mayorista también refleja la vulnerabilidad estructural de la compañía, que controla apenas el 30% del segmento debido a la carencia de una red propia de estaciones de servicio y canales de venta directos. La situación financiera del Estado ha empeorado por los frecuentes cambios en el directorio y los debates sobre la idoneidad de los nombramientos, lo que ha generado inestabilidad en la gestión.

La Junta General de Accionistas, integrada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, analiza la posibilidad de endurecer los requisitos para los cargos directivos y, además, evalúa la eventual venta de una participación minoritaria en Petroperú, manteniendo el control estatal, dada la importancia de la empresa en la regulación de precios y el abastecimiento en zonas donde la inversión privada no resulta rentable.

Por su parte, la refinería de Talara, que entró en operación plena en diciembre de 2023, representa la mayor obra de ingeniería industrial realizada en el país en la última década. Con una capacidad de procesamiento de 95,000 barriles diarios, incorpora modernas unidades de destilación, conversión catalítica y sistemas avanzados de desulfurización, logrando producir combustibles más limpios y compatibles con estándares internacionales. Sin embargo, los retrasos y sobrecostos en su ejecución, sumados a la prolongada espera entre el cierre de la antigua infraestructura y la puesta en marcha de la nueva, han puesto en tela de juicio la gestión del proyecto.

En comparación con otros proyectos internacionales de alta complejidad, la puesta en marcha de Talara tomó aproximadamente 18 meses, similar a complejos como Dos Bocas en México, Al Zour en Kuwait o Reficar en Colombia, lo que evidencia que los retrasos en su ejecución han sido mayores a los plazos estándar para proyectos similares. La estabilización operativa lograda en el primer trimestre de 2025, junto con la reactivación de las plantas de Conchán e Iquitos, busca mitigar los efectos de los retrasos y mejorar la competitividad de Petroperú en un mercado cada vez más desafiante.