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PJ niega levantamiento de secreto bancario y comunicaciones del exministro Santiváñez

Escrito por radioondapopular

diciembre 20, 2025

PJ niega levantamiento de secreto bancario y comunicaciones del exministro Santiváñez

El Poder Judicial determina que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para afectar derechos fundamentales del exministro Juan José Santiváñez

El Poder Judicial rechazó la solicitud de la Fiscalía de la Nación para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones del exministro Juan José Santiváñez. La decisión se basó en que no se acreditó el estándar de sospecha razonable requerido por la ley para justificar la intervención en derechos fundamentales durante una investigación penal.

Decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria

El tribunal emitió su fallo tras evaluar por separado las solicitudes de acceso a comunicaciones —en modalidad de tiempo histórico— y a información financiera. En ambos casos, el juzgado sostuvo que los requerimientos carecían de suficientes elementos de convicción para justificar la intervención.

Impedimentos para levantar el secreto de las comunicaciones

Respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones, el tribunal explicó que la Fiscalía no cumplió con el principio de intervención indiciaria, un requisito esencial para autorizar este tipo de medidas. La autoridad judicial recordó que la afectación al derecho a la privacidad solo puede proceder cuando exista una sospecha razonable y debidamente sustentada, lo cual no ocurrió en este caso.

Negativa al acceso a información bancaria

En relación con el acceso al secreto bancario, el juzgado concluyó que la solicitud no proporcionaba indicios sólidos que justifiquen la revisión de la información financiera del exministro y del otro investigado. Por ello, declaró infundado el pedido, señalando que sin indicios claros no es procedente una injerencia en el ámbito económico de los investigados.

Implicaciones y consideraciones

La resolución destaca la importancia de contar con pruebas suficientes antes de afectar derechos constitucionales, como la privacidad y la protección de la información financiera. La decisión reafirma que las investigaciones deben respetar los límites legales y garantizar el debido proceso.