PJ niega solicitud de Pedro Castillo para anular proceso por intento de golpe de Estado

La Fiscalía peruana ha solicitado una condena de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, la justicia ha rechazado una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa para anular el juicio oral, evidenciando la continuidad del proceso judicial en su contra.

Castillo argumentaba que sus derechos al debido proceso estaban siendo vulnerados, alegando que en el juicio oral el Ministerio Público era representado por un fiscal adjunto supremo, en lugar de un fiscal supremo titular. Además, cuestionaba la participación de fiscales provinciales en las audiencias, señalando que ello podría afectar la legalidad del proceso. No obstante, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima desestimó estos argumentos, aclarando que no existe ninguna norma que prohíba la participación de fiscales adjuntos provisionales en el juicio. La ley también permite el auxilio de fiscales adjuntos según las necesidades del caso, por lo que su participación fue considerada legal y adecuada.

El tribunal también precisó que los fiscales provinciales actuaron como consultores en apoyo del fiscal adjunto supremo, sin tener un rol de dirección en el proceso. En este contexto, la decisión judicial establece que no hubo vulneración alguna de los derechos del exmandatario, y la demanda fue declarada infundada. La defensa de Castillo ya ha apelado esta resolución.

Por otro lado, el exministro Geiner Alvarado, quien también se encuentra en prisión preventiva en Castro Castro por presunta pertenencia a una organización criminal, volvió a aparecer públicamente en una audiencia judicial. Desde su celda, afirmó que en más de 800 días de reclusión solo fue citado una vez por la fiscalía, la cual le solicitó en varias ocasiones que colaborara como testigo eficaz en las investigaciones relacionadas con Castillo.

La investigación revela que Alvarado, durante su gestión en Vivienda, habría facilitado la asignación de cargos y obras públicas por más de 500 millones de soles, beneficiando a empresas a cambio de ventajas económicas. Se sospecha que formaba parte de un grupo cercano a Castillo que influía en decisiones clave en los sectores de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aún sin ser funcionarios oficiales. Esta información refuerza las acusaciones de corrupción que pesan sobre varios exfuncionarios vinculados al expresidente, en medio de un proceso judicial que continúa en marcha.