El Poder Judicial rechaza impedimento de salida del país para Dina Boluarte

El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses presentado por la Fiscalía contra la exmandataria Dina Boluarte. La solicitud fue realizada en el marco del caso ‘Cirugías’, en el que se investiga su presunta participación en delitos relacionados con negociaciones incompatibles.

Decisión del Poder Judicial

El juez supremo Juan Carlos Checkley fue quien emitió la resolución. En ella, determinó que no existían fundamentos suficientes para restringir el derecho al libre tránsito de la exjefa de Estado. La resolución señala que el Ministerio Público no acreditó que Boluarte represente un peligro de fuga ni de obstaculización a la justicia.

Según el magistrado, los argumentos fiscales que señalaban supuestos vínculos económicos y familiares en el extranjero resultaron insuficientes y sin sustento legal. Además, no se logró demostrar que la medida cautelar fuera necesaria o proporcional en esta etapa de la investigación.

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Con esta decisión, Dina Boluarte podrá salir del país sin restricciones judiciales, aunque la investigación sigue abierta. La exmandataria ya enfrenta otras indagaciones por presunta corrupción, omisión de funciones y abuso de autoridad.

Investigación en torno a la participación de Boluarte en EsSalud

La causa forma parte de las pesquisas fiscales relacionadas con posibles injerencias en EsSalud. Esto, luego de que la exmandataria se sometiera a cirugías estéticas realizadas por el médico Mario Cabani. La Fiscalía investiga si Boluarte favoreció a allegados al cirujano mediante designaciones y pagos irregulares en el sistema público de salud, a cambio de intervenciones estéticas en su favor.

La decisión del juez permite que Boluarte pueda salir del país sin restricciones, aunque la investigación continúa activa. La exmandataria ya enfrenta otras acusaciones relacionadas con corrupción, omisión de funciones y abuso de autoridad.

Injerencias en designaciones y pagos a allegados del doctor Cabani

El fiscal adjunto supremo, Wilfredo Rivera Baltazar, detalló tres hechos vinculados a presuntos actos de interés indebido. En primer lugar, la designación de María Elena Aguilar del Águila, excolaboradora del cirujano Mario Cabani, como presidenta ejecutiva de EsSalud en octubre de 2023.

En segundo lugar, la contratación de Natalie Román Schmitt como subgerente de Promoción Social, pocos días después de que Cabani solicitara el puesto mediante un correo electrónico enviado a través de la secretaría de Palacio.

La tercera acusación involucra el pago de más de S/196,000 a favor del médico Javier Sánchez Ingunza, quien también participó en las cirugías estéticas de Boluarte. La Fiscalía sostiene que la entonces presidenta habría intervenido para agilizar la liquidación de haberes del galeno en la red Rebagliati, configurando un patrón de favorecimiento y posible negociación incompatible.

Rivera Baltazar también afirmó que Boluarte cuenta con recursos y contactos que podrían facilitar su salida del país. Sin embargo, el juez Checkley consideró que los indicios presentados eran meramente conjeturales y no demostraban un riesgo procesal concreto.

Respuesta de la defensa de Dina Boluarte

El abogado César Castro Grados, defensor de la exmandataria, calificó el pedido de impedimento como «apresurado y sin sustento». Afirmó que carecía de base legal y que respondía a motivaciones políticas. Además, señaló que la Fiscalía no había tomado declaraciones clave ni presentado pruebas verificables sobre las supuestas injerencias en EsSalud.

Castro recordó que Boluarte ha cumplido con todas las citaciones del Ministerio Público y que nunca intentó abandonar el país sin autorización. Además, afirmó que la exmandataria tiene domicilio conocido y está dispuesta a colaborar con las investigaciones. «No existe riesgo de fuga ni de obstaculización, solo buscan titulares», declaró durante la audiencia.

Carpetas fiscales en contra de Boluarte tras su vacancia

Luego de su vacancia, Dina Boluarte deberá enfrentar un total de once investigaciones fiscales que estaban suspendidas durante su mandato. La pérdida de inmunidad le permitió al Ministerio Público reactivar todos estos casos, en los cuales se le atribuyen presuntos delitos de corrupción, omisión de funciones y abuso de autoridad.