Se ordena la suspensión del cobro de peajes

La decisión fue emitida por la jueza Merari Trujillo Padilla. En su resolución, el Juzgado actúa en calidad de juez constitucional para restituir el derecho al libre tránsito. Asimismo, ordena que la concesionaria se abstenga de realizar cobros en los peajes hasta que se cumplan ciertas condiciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Se estima que en la zona sur del país, la recaudación por peajes alcanza aproximadamente 130 millones de dólares anuales, cifras que reflejan la magnitud económica de la concesión y el impacto directo en los bolsillos de los residentes de los distritos afectados.

Contexto y antecedentes del fallo

La medida se enmarca en un precedente establecido por el Tribunal Constitucional, en un fallo publicado en marzo de 2024, que ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro en el peaje de Puente Piedra. La decisión fue tomada tras constatar que la concesionaria vulneraba el derecho fundamental al libre tránsito de los residentes y usuarios de la vía.

En aquel caso, la ciudadanía criticó duramente el cobro, argumentando la falta de rutas alternativas. La ausencia de vías alternas obligaba a los usuarios a transitar por la carretera concesionada, generando incomodidad y dificultades para desplazarse dentro del distrito.

El Tribunal no cuestionó el contrato de concesión en sí, sino los efectos de su implementación en ausencia de vías alternativas, lo que provocaba que los residentes debieran recorrer rutas extensas e imprácticas para llegar a sus destinos.

Reacciones y posibles recursos

Por parte de Rutas de Lima, se espera que la empresa pueda presentar un recurso de apelación contra esta orden. Sin embargo, en caso de no hacerlo, deberá acatar la medida y cumplir con la suspensión del cobro en los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra.

El plazo para el cumplimiento y supervisión del cumplimiento de la orden será establecido por el Juzgado, que también podrá realizar seguimientos para garantizar que la concesionaria respete la resolución.

Este fallo refuerza la protección del derecho al libre tránsito y la necesidad de garantizar vías alternas adecuadas en las zonas concesionadas.

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