Policías en Lima operan con chalecos antibalas caducados y deteriorados, exponiéndose a la delincuencia

El congresista y policía en retiro Alfredo Azurín Loayza realizó una visita sorpresa a la comisaría de Apolo y al Escuadrón Verde, en Lima, y encontró una situación alarmante que evidencia la grave precariedad en la que trabajan muchos efectivos policiales. Durante su recorrido, detectó numerosos chalecos antibalas vencidos, algunos con más de 20 años de antigüedad, además de varios en mal estado, incluso rotos.

El hallazgo fue compartido a través de sus redes sociales, donde Azurín advirtió que estos equipos en condiciones deplorables ponen en riesgo la vida de los policías. «Un chaleco vencido no detiene una bala. Un chaleco roto es una sentencia de muerte», afirmó el exagente, quien además recordó su pasado en la institución para enfatizar la gravedad del asunto.

La situación refleja una problemática estructural en la seguridad pública del país. La falta de recursos y la ineficiencia en las compras públicas han dejado a las fuerzas policiales sin el equipamiento adecuado para cumplir con su labor. La misma autoridad del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, admitió que actualmente no existen suficientes chalecos antibalas para toda la policía nacional. La última adquisición importante, que incluía más de tres mil unidades, fue cancelada debido a irregularidades en la documentación de los proveedores.

Ante esta realidad, el Ministerio ha anunciado la intención de recibir una donación de 4,000 chalecos desde China, aunque la cantidad resulta insuficiente para cubrir la demanda total. Malaver también reveló que muchos policías deben comprar sus propios chalecos en el mercado privado, una situación que se ha prolongado durante administraciones pasadas y que aún no logra resolverse.

Mientras tanto, las autoridades trabajan en la reanudación de un nuevo proceso de adquisición, pero aún no hay fechas concretas para la entrega de los nuevos equipos. La incertidumbre y la exposición de los policías a peligros innecesarios continúan siendo una realidad. La situación evidencia la urgente necesidad de mejorar los recursos y garantizar la protección de quienes enfrentan día a día a la delincuencia en las calles del país.