Indulto a Juan Orlando Hernández por parte de Donald Trump genera controversia en EE. UU. y América Latina

Una decisión que sorprende y genera cuestionamientos

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue indultado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una medida que sorprendió a muchos y que contrasta con el discurso que Trump ha promovido en los últimos meses en su lucha contra el narcotráfico. Hernández había sido condenado en Estados Unidos por facilitar el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia ese país, según información de fiscales estadounidenses.

El indulto se produce en un contexto en el que Trump ha insistido en presionar por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, bajo el argumento de una «guerra antidrogas» en el Caribe. La escalada militar del exmandatario estadounidense no solo ha incluido ataques por agua, sino que también ha anunciado que realizará «ataques por tierra», potencialmente dirigidos a Venezuela o a otros países considerados productores o vendedores de drogas ilícitas.

¿Por qué la doble moral en las políticas contra el narcotráfico?

Esta coincidencia en las acciones y declaraciones genera una interrogante: ¿por qué el mandatario venezolano, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y con procesos abiertos, enfrenta amenazas de intervención militar, mientras que Hernández, sentenciado por delitos similares, recibe un perdón presidencial? La diferencia en los tratamientos revela las complejidades y posibles intereses políticos en juego.

Maduro y Hernández: casos en paralelo con desenlaces distintos

Tanto Nicolás Maduro como Juan Orlando Hernández enfrentan procesos en tribunales estadounidenses por conspiración narcoterrorista. La acusación contra Maduro incluye vínculos con el “Cartel de los Soles” y el uso de cargamentos de cocaína como herramienta política. Por su parte, Hernández fue condenado a 45 años de prisión por su responsabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico.

A pesar de las similitudes, los resultados son radicalmente diferentes: mientras EE. UU. ha exigido la salida inmediata de Maduro y ha considerado acciones militares, el indulto de Hernández por parte de Trump anula su sentencia y evita su encarcelamiento, generando cuestionamientos sobre la coherencia de la política estadounidense en la región.

Una decisión que contradice las posturas oficiales

En una carta enviada a Trump en octubre, Hernández afirmó haber sido víctima de una «persecución política» por parte del gobierno de Joe Biden. Según su declaración, fue atacado por fuerzas radicales de izquierda que, supuestamente, conspiraron con narcotraficantes y le realizaron acusaciones falsas. La misiva fue divulgada por medios estadounidenses y refleja las justificaciones del exmandatario hondureño.

Tras el indulto, Trump expresó sentirse «muy contento» con su decisión y calificó el proceso contra Hernández como «una horrible caza de brujas» del gobierno de Biden. Sin embargo, funcionarios de la administración Biden, como el consejero de Seguridad Nacional para América Latina, Juan González, han señalado que buena parte de la investigación contra Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

El fiscal Emil Bove III, responsable de impulsar la acusación contra Maduro, también participó en las investigaciones que involucraron a Hernández. Durante el juicio, la Fiscalía mostró una fotografía de una ametralladora con el nombre del exmandatario grabado en ella, describiéndola como «la encarnación del narcotráfico patrocinado por el Estado». Esta imagen pública, que mostraba a un jefe de Estado operando con lógica criminal, contrasta con la decisión de Trump de anular su condena.

El cálculo político tras el indulto

En declaraciones a la prensa, Trump defendió el perdón argumentando que Hernández «era el presidente, y había drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente, fueron a por él». Sin presentar pruebas concretas, se refirió a sus decisiones con declaraciones vagas, haciendo alusión a “amigos”, “personas que respeto” y “muchos hondureños” que, supuestamente, dudaban del proceso judicial.

Este movimiento se produjo en un momento clave: pocos días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, en las que Nasry Asfura competía por la jefatura del Estado. Trump anunció su apoyo explícito al candidato y advirtió que, si perdía, evaluaría recortes en asistencia y cooperación internacional. Posteriormente, Asfura se pronunció para distanciarse de las declaraciones del presidente estadounidense.

Reacciones dentro del Partido Republicano

La decisión generó divisiones y reacciones encontradas en las filas del Partido Republicano. El senador Bill Cassidy expresó su sorpresa y calificó la medida como una contradicción en la estrategia de seguridad regional. En su cuenta de X (antes Twitter), cuestionó: «¿Por qué indultaríamos a Hernández y luego perseguimos a Maduro por traficar drogas en Estados Unidos?»

Asimismo, el senador Thom Tillis afirmó que esta decisión ponía en entredicho la coherencia de la política exterior de Trump, ya que parecía favorecer a un exmandatario que facilitó cargamentos de drogas, en contraste con la postura oficial contra Maduro.

El expediente de Hernández: una radiografía del narcoestado

El juicio contra Hernández reveló detalles que reflejan una estructura criminal consolidada. Un testigo afirmó que Hernández expresaba su deseo de «meterle la droga a los gringos en sus narices». La investigación mostró vínculos con capos del narcotráfico, uso de infraestructura estatal para operaciones ilegales, protección armada y el ingreso de cocaína en puertos y ciudades estadounidenses.

Estos elementos evidencian la magnitud del entramado criminal y el nivel de impunidad con el que operaba Hernández, lo que ahora contrasta con su reciente indulto y la percepción pública sobre la justicia en la región.