Presidencia busca agencia para viajes internacionales antes del cambio de mandato

El gobierno de Dina Boluarte anunció una convocatoria para contratar una agencia de viajes que se encargue de gestionar boletos aéreos nacionales e internacionales para el personal del Despacho Presidencial. La convocatoria, publicada el viernes 18 de julio de 2025, ha generado atención debido a su alcance y la duración del contrato, que se extenderá por dos años, cubriendo no solo la última etapa del actual mandato, sino también parte del siguiente período presidencial.

Este plazo extendido ha sido objeto de críticas, ya que implica el compromiso de recursos públicos más allá del mandato constitucional en curso. En los documentos oficiales, se señala que el objetivo principal de este acuerdo es facilitar el cumplimiento de funciones y compromisos institucionales de los funcionarios y servidores de Palacio de Gobierno, tanto en el interior como en el extranjero.

La licitación contempla la adquisición de 57 boletos internacionales para ocho destinos en diferentes continentes. En América, se incluyen Brasil y Estados Unidos; en Europa, Francia, Italia, Suiza y Holanda; y en Asia, Japón y China. La lista no es definitiva, ya que se contempla la posibilidad de solicitar pasajes adicionales a otros destinos según las necesidades del despacho presidencial. Sin embargo, aún no se ha especificado quiénes usarán estos boletos ni con qué finalidad, lo que ha provocado dudas sobre la transparencia del proceso y los criterios de asignación.

Además, el contrato comprende la compra de 2,718 boletos para viajes nacionales, con rutas que abarcan 12 regiones del país. Cusco es el destino con mayor número de vuelos programados, con 533 pasajes, dato que ha llamado la atención debido a su cercanía con Apurímac, región natal de la presidenta Boluarte. Esto ha llevado a algunos analistas a cuestionar si existe una priorización de zonas vinculadas a intereses políticos o personales.

Aunque aún no se ha definido quiénes serán los beneficiarios ni cuánto costará la contratación, se sabe que en un contrato previo, firmado en junio de 2024, el gasto superó los 1.7 millones de soles. La falta de información sobre el costo proyectado en esta nueva licitación ha sido criticada, especialmente en un contexto donde el manejo de fondos públicos genera preocupación.

Expertos en administración pública han destacado que los viajes oficiales son parte de las funciones gubernamentales, pero deben realizarse con criterios claros de necesidad y eficiencia. La ausencia de detalles sobre los objetivos específicos de los desplazamientos y la magnitud de los pasajes solicitados han alimentado la desconfianza.

Organizaciones sociales han pedido mayor transparencia y la implementación de mecanismos de fiscalización ciudadana, además de que se publiquen informes de rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha emitido declaraciones oficiales sobre el proceso ni ha aclarado si los desplazamientos están relacionados con actividades internacionales, participación en foros, supervisión de obras o misiones diplomáticas.

Este proceso de contratación ocurre en un escenario político complejo, con la presidenta Boluarte enfrentando investigaciones fiscales y bajos índices de aprobación en las encuestas, lo que añade tensión a la gestión pública en un momento de alta sensibilidad.