Procesos internacionales podrían costar al Perú hasta 30 mil millones de dólares

## Perú: El tercer país más demandado ante el CIADI en Sudamérica y a nivel mundial

El economista Guido Pennano alertó sobre la alarmante situación que atraviesa Perú en materia de litigios internacionales. Según sus estimaciones, el país cuenta actualmente con veintiséis procesos legales en curso que podrían representar una carga de hasta 30.000 millones de dólares para las arcas públicas. Esta problemática sitúa a Perú como uno de los países más demandados en el ámbito internacional.

Luego de Argentina y Venezuela, Perú ocupa el tercer puesto en Sudamérica en número de demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Además, en 2021, según datos de la propia institución, fue el Estado más demandado a nivel mundial, evidenciando una tendencia preocupante en la gestión de controversias internacionales.

## Costos y consecuencias de los litigios en Perú

A pesar de que Perú ha logrado ganar la mayoría de estos casos, con solo nueve derrotas en los últimos 32 procesos, el impacto económico de estos litigios es considerable. Los costos asociados, que incluyen la contratación de estudios de abogados y expertos internacionales, alcanzan entre 2 y 3 millones de dólares por cada proceso. Estos gastos representan una carga significativa para el presupuesto del Estado peruano.

El monto total de los costos vinculados a estos juicios se suma a las posibles indemnizaciones que pueden oscilar entre 150 y 300 millones de dólares. La acumulación de estos procesos, sumada a los 26 vigentes, genera una presión constante sobre las finanzas públicas. Solo en el mes pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó S/ 24.4 millones para defender al país en el arbitraje del Gasoducto Sur, con una proyección de gastos hasta 2029.

## Vulnerabilidad en los contratos estatales y propuestas de reforma

Pennano criticó duramente las cláusulas presentes en muchos contratos estatales, especialmente en las asociaciones público-privadas (APP), que facilitan la presentación de demandas ante el CIADI. Según el economista, aproximadamente el 70% de los contratos del Estado contienen cláusulas que permiten a las empresas llevar disputas internacionales a este tribunal, lo que expone al país a un alto riesgo de litigios millonarios.

El especialista también señaló que incluso empresas involucradas en actos de corrupción pueden recurrir a estos mecanismos de resolución de disputas. Como propuesta, sugirió que la simple presentación de una demanda debería invalidar automáticamente el proceso en el CIADI, particularmente cuando estas demandas se fundamentan en solicitudes de indemnizaciones desproporcionadas. Además, cuestionó la legitimidad de que personas corruptas puedan acceder a estos mecanismos para evitar responsabilidades legales.

## Críticas a las cláusulas en los contratos y el impacto en la soberanía

Pennano afirmó que el sistema actual favorece a quienes buscan aprovecharse de las disputas internacionales, describiendo este escenario como un «lindo deporte enjuiciar al Perú». Criticó las cláusulas en los contratos estatales que, en su opinión, vulneran la soberanía del país y facilitan demandas internacionales que pueden tener consecuencias económicas devastadoras.

El economista resaltó que la presencia de cláusulas que permiten a las empresas acudir al CIADI en el 70% de los contratos del Estado refleja una vulnerabilidad estructural. En particular, mencionó que empresas vinculadas a actos de corrupción, como Odebrecht y Enagas, han recurrido a estos mecanismos para buscar aumentos en las compensaciones, incluso tras fallos arbitrales adversos.

Para reducir la exposición del Estado, Pennano propuso que la simple presentación de una demanda debería ser suficiente para invalidar el proceso en el CIADI. Considera que, en casos de actos ilícitos o solicitudes de indemnización desproporcionadas, el Estado debería tener la facultad de rechazar estas demandas sin someterse a procesos costosos e impredecibles.

## Conclusiones

La situación del Perú en el ámbito de los arbitrajes internacionales revela una vulnerabilidad que afecta su estabilidad económica y soberanía. La alta cantidad de demandas, sumada a los costos elevados y a las cláusulas contractuales permisivas, plantea la necesidad de reformas profundas en la gestión de contratos estatales y en la protección del país frente a futuros litigios millonarios.