Prohibición judicial detiene expansión del controvertido centro de migrantes ‘Alligator Alcatraz’ en Florida ante denuncias ambientales y de derechos indígenas

El centro de detención ‘Alligator Alcatraz’ en medio de una orden judicial y polémica ambiental

El controvertido centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” enfrenta una nueva etapa de incertidumbre legal y social. La jueza federal del distrito sur de Florida, Kathleen Williams, emitió una orden preliminar que prohíbe la entrada de nuevos detenidos y cualquier ampliación de la infraestructura del centro. Esta decisión llega en medio de crecientes críticas y acciones legales que buscan proteger tanto el ecosistema de los Everglades como los derechos de los pueblos originarios.

La demanda fue presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee de Florida. Denuncian que la construcción y operación del centro han causado daños irreparables al hábitat natural y vulneran los derechos de las comunidades indígenas, cuyos recursos y cultura se ven amenazados por esta instalación. La construcción del centro fue rápida, en medio de los pantanos del sur de Florida, y ha sido objeto de duras críticas por sus condiciones de detención, consideradas inhumanas por legisladores y defensores de derechos humanos.

Condiciones de detención y polémica política

Según testimonios de quienes han logrado ingresar, las condiciones en “Alligator Alcatraz” son precarias. La representante Debbie Wasserman Schultz describió que en cada jaula hay hasta tres pequeños inodoros que también funcionan como lavabos, en espacios sobrepoblados y sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, condenó públicamente las condiciones, señalando que estas “han conmocionado a nuestra comunidad, a nuestra nación y al mundo”, evidenciando la pérdida de los valores que representan a Estados Unidos.

La jueza Williams también destacó que la construcción del centro violó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y que su operación pone en riesgo el ecosistema y el suministro de agua de la tribu Miccosukee. La protección de estos recursos naturales y culturales, según la jueza, debe ser prioritaria ante las acciones unilaterales que han causado daños irreversibles en la región.

Respuesta del gobierno y el plan alternativo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó la orden judicial y calificó a la jueza Williams como una “activista”. En una conferencia de prensa, afirmó que la acción judicial era previsible y que el estado no se dejaría disuadir. Anunció que presentaron una apelación y buscarán suspender la orden temporalmente, argumentando que la decisión afectará la seguridad pública y la economía del estado.

Para afrontar la situación, DeSantis activó lo que denomina el “plan B”: la apertura de un nuevo centro de detención llamado “Deportation Depot”, con capacidad para 2,000 personas, en la ciudad de Jacksonville, en el norte de Florida. Este nuevo centro será instalado en la Institución Correccional Baker, una cárcel que actualmente permanece cerrada y que será adaptada para albergar a los migrantes. El objetivo, según el gobernador, es procesar y deportar a los inmigrantes en un tiempo más rápido, priorizando la “seguridad y la eficiencia” en la gestión migratoria.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, reafirmó que “Alligator Alcatraz” sigue operando, y que no se detendrán en su objetivo de limitar la llegada de migrantes. La polémica continúa en torno a las políticas migratorias del estado, que buscan endurecer su postura ante la inmigración indocumentada, en medio de un debate nacional sobre derechos humanos y protección ambiental.