Proponen prohibir compras de autos de lujo en el Estado tras polémica en la PNP y FF.AA

## Proyecto de ley busca prohibir la compra de vehículos de alta gama por parte de entidades públicas en Perú

El congresista Juan Burgos presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la adquisición de vehículos de lujo por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas, los ministerios del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. La iniciativa surge en respuesta a las recientes críticas generadas por la compra de camionetas y automóviles de alta gama destinados a altos mandos policiales, y busca promover un uso más eficiente de los recursos públicos.

La propuesta establece que estas entidades no podrán adquirir vehículos cuyo valor supere las 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además, prohíbe la selección de marcas y características consideradas suntuarias o no funcionales para las labores institucionales. La normativa incluye a la PNP, el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, los ministerios, sus entidades vinculadas y el Parlamento Nacional.

## Excepciones y mecanismos de control

Solo se permitirán excepciones a esta prohibición en casos de adquisiciones de vehículos blindados para el traslado de dignatarios en misiones diplomáticas, así como vehículos técnicos especiales necesarios para operaciones tácticas o de alto riesgo. Estas adquisiciones deberán contar con la autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas, además de la aprobación de la Contraloría General de la República.

La Contraloría será responsable de fiscalizar en tiempo real las compras, mientras que el Ministerio de Economía verificará que el gasto sea necesario y proporcional a la función. Las compras que contravengan la normativa serán consideradas nulas de pleno derecho y quienes incumplan podrán ser sancionados con faltas administrativas, civiles y penales.

## Plazos, objetivos y contexto actual

El Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 60 días para reglamentar la ley en caso de que esta sea aprobada. La norma entrará en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

En la exposición de motivos, Burgos Oliveros subraya que el propósito de la ley es prevenir el uso ineficiente de los recursos públicos y fortalecer la transparencia y austeridad en el manejo del presupuesto estatal. Además, señala que las adquisiciones suntuarias afectan negativamente la confianza ciudadana y priorizan gastos no esenciales en un contexto donde la población enfrenta necesidades urgentes en seguridad y servicios básicos.

## Controversia por compras recientes de vehículos de lujo

La iniciativa legislativa surge en medio de un clima de cuestionamiento público tras revelaciones sobre compras realizadas por la Policía Nacional. Se informó que, bajo la responsabilidad del teniente general Víctor Zanabria Angulo, se autorizó la adquisición de 168 vehículos por un monto de S/17.3 millones. Entre estos, se encuentran ocho camionetas Audi para oficiales de alto rango, cuarenta camionetas Toyota RAV4 y 120 Toyota Corolla.

El proceso de compra fue adjudicado a las empresas Euroshop y Autoespar, y validado por un Comité de Selección. Las adquisiciones fueron registradas a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Entre los vehículos más costosos se encuentra un Audi Q5, valorado en S/200.834, asignado directamente a miembros del alto mando policial, incluyendo al propio comandante general y jefes de Estado Mayor.

Según fuentes institucionales, la norma interna de la PNP permite asignar vehículos a partir del grado de coronel, sin especificar qué tipo de medio de transporte debe adquirirse. Expertos y exautoridades han señalado que, aunque existe un derecho al uso de vehículos oficiales, no hay obligación de que estos sean de lujo, resaltando la necesidad de una regulación más estricta en estas compras.

## Recursos audiovisuales y contexto adicional

Un video publicado en la plataforma muestra la polémica en torno a estas adquisiciones, en el que se discuten las implicancias de gastar recursos en vehículos de alta gama para cargos policiales. La controversia continúa generando debate en la opinión pública, que exige mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.