Rafael López Aliaga confirma que la Municipalidad de Lima no cubrirá los gastos legales de Susana Villarán y le advierte: “Que saque fondos de lo que haya sustraído”

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima no asumirá la defensa legal de Susana Villarán, exalcaldesa de la capital peruana, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de corrupción. La decisión fue comunicada durante un acto oficial en Puente Piedra, donde López Aliaga calificó a Villarán de “ladrona” y “sinvergüenza”, asegurando que debe pagar por sus propios gastos legales con los fondos que, según él, habría obtenido de manera ilícita.

El alcalde criticó duramente a Villarán, afirmando que la exautoridad busca que el municipio financie su defensa después de que, en su opinión, dejó a la municipalidad en una situación financiera precaria. López Aliaga recalcó que la exalcaldesa, quien ha admitido haber sustraído más de 10 millones de dólares, debería usar los fondos que supuestamente robó para pagar su defensa legal. “Que saque dinero de lo que ha robado y pague a su abogado”, expresó con ironía.

Por su parte, Villarán presentó en julio un documento formal solicitando a la Municipalidad que le brinde asistencia legal institucional para afrontar un proceso penal por presunta colusión agravada y negociación incompatible. Estas acusaciones están relacionadas con irregularidades en obras públicas durante su gestión entre 2011 y 2014, específicamente en la recuperación de la Plaza de la Bandera y el otorgamiento de valorizaciones adicionales a un consorcio encargado de la obra.

El proceso judicial en curso se encuentra en la etapa intermedia ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Aunque la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del caso, la Procuraduría Pública se opuso a dicha petición, dejando abierta la posibilidad de que el proceso continúe.

Villarán también enfrenta un impedimento de salida del país por 36 meses, impuesto en julio por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, en medio de una serie de investigaciones relacionadas con financiamiento ilegal de campañas electorales. La exalcaldesa y otros implicados, incluyendo exfuncionarios municipales y empresas constructoras como Odebrecht y OAS, son señalados por recibir fondos ilícitos para sustentar campañas de 2013 y 2014, por un monto estimado en 10 millones de dólares.

El fiscal José Domingo Pérez sostiene que Villarán recibió sobornos de Odebrecht y OAS para financiar campañas contra la revocatoria y de reelección, y ha solicitado una pena de 29 años de prisión en su contra. La situación continúa siendo compleja, con múltiples investigaciones abiertas y declaraciones polémicas que mantienen en vilo la política y justicia en Perú.