Rafael Muente, presidente suspendido del Osiptel, señala que intervención presidencial sería decisión política

## Rafael Muente denuncia intento de destitución política en Osiptel

Rafael Muente Schwarz, suspendido presidente ejecutivo de Osiptel, denuncia que el Gobierno ha solicitado su remoción mediante un informe de la Comisión Ad Hoc de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según afirma, esta medida forma parte de un intento claro de captura política total del regulador. En una entrevista con Infobae Perú, Muente sostiene que todas las instancias pertinentes han descartado irregularidades en su gestión y que su separación se basa en argumentos débiles y fuera del marco legal. Además, critica que el premierato ha avalado cambios internos arbitrarios y la ruptura de la meritocracia en la institución. Asegura que continuará defendiendo la institucionalidad de Osiptel frente a estas acciones.

## Detalles del proceso judicial y acciones recientes en Osiptel

Muente explica que hace casi cuatro meses se inició una nueva investigación en su contra, esta vez por presuntamente haber influido en la contratación de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Sin embargo, señala que en su caso anterior, el Tribunal de Servir declaró nulo todo lo actuado, argumentando que no se había demostrado ninguna de las imputaciones en su contra. La resolución afirmó: “¿Cómo puede uno defenderse de algo que no está demostrado?” y anuló toda la investigación.

Casi de inmediato, desde el 1 de mayo, se reactivó una nueva pesquisa, pero ya no por los hechos iniciales, sino por la presunta influencia en la contratación. En ese contexto, se le impuso una medida cautelar que le impedía actuar como presidente de Osiptel, por lo que el vicepresidente asumió temporalmente la presidencia ejecutiva. Muente denuncia que esta medida, originalmente prevista para durar 15 días hábiles, aún sigue vigente después de casi cuatro meses, lo que considera irregular.

## Cambios en la estructura directiva y cuestionamientos sobre el proceso

El expresidente señala que, sin su autorización ni coordinación, Jesús Guillén Marroquín, actual director, comenzó a remover a todos los altos directivos de Osiptel. Los reemplazó, movió o despidió a varios de ellos, en una acción que considera inconsulta y que viola la lógica de la gestión institucional. Muente ejemplifica la situación con el caso de un gerente que, tras irse de vacaciones y dejar en manos de un reemplazo, descubre que todo el equipo ha sido despedido, lo cual califica como una práctica irregular.

Además, denuncia que la medida cautelar, que debía durar solo tres semanas, continúa vigente después de casi cuatro meses, permitiendo nombramientos a dedo y la ruptura de la cultura meritocrática en la institución. Sostiene que esta extensión solo puede haber sido coordinada con la PCM, lo que evidencia la existencia de irregularidades en el proceso.

## Falta de respeto al debido proceso y conclusiones del informe

Muente afirma que no se ha respetado el debido proceso en su contra. La investigación que llevó a su suspensión, asegura, no incluyó declaraciones a las personas presuntamente influenciadas, como el gerente general y la directora de Recursos Humanos, quienes no fueron interrogados. Por ello, cuestiona la validez del informe de 86 páginas, que califica como carente de valor jurídico, pues se basa en especulaciones y suposiciones sin pruebas concretas.

El exfuncionario explica que, para demostrar influencia indebida, sería necesario haber interrogado a los presuntos influenciados y determinar si dichas prácticas eran habituales. La investigación, en su opinión, ha sido nula y carece de fundamentos sólidos, concluyendo de manera precipitada sin pruebas que sustenten las acusaciones.

## Motivaciones políticas y acciones en defensa de Osiptel

Muente sostiene que la destitución busca apartarlo de Osiptel para facilitar cambios internos que favorezcan ciertos intereses. Está convencido de que se trata de una captura política, orquestada desde la PCM para controlar el regulador. Resalta que, bajo su gestión, Osiptel impulsó medidas importantes, como la prohibición de la venta ambulante de chips, que representaba el 70% de las ventas de las operadoras y constituía un riesgo para la seguridad ciudadana.

Dicha prohibición fue aprobada pese a la oposición de las empresas, debido a que facilitaba delitos como extorsión, sicariato, secuestros y estafas. Muente afirma que su trabajo, aunque perjudicó intereses económicos, respondía a la necesidad de proteger la seguridad pública y el interés general, por lo que considera que ahora está pagando un precio por ello.

## Advertencias sobre la situación actual y posibles riesgos futuros

El exfuncionario advierte que la situación en Osiptel es muy delicada y que existen indicios de que se busca consolidar un proceso para removerlo definitivamente. Señala que las denuncias de las empresas contra Osiptel ante otros organismos y la prolongada demora en la PCM para resolver el caso reflejan una estrategia para desestabilizar y controlar el regulador. Muente expresa su preocupación por la posible continuación de acciones que buscan desmantelar la institución desde dentro, en un contexto de alta sensibilidad política y social.