Rospigliosi denuncia al juez Richard Concepción por inaplicar ley del Congreso

La denuncia presentada por el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para destituir al juez Richard Concepción Carhuancho ha generado un intenso debate tanto en el ámbito jurídico como en el político. La acusación se basa en la supuesta utilización indebida del control difuso por parte del magistrado durante una investigación por presunto homicidio calificado en Ayacucho en 1984.

## Controversia sobre la legalidad del control difuso

Durante la conferencia en la que anunció su denuncia, Rospigliosi afirmó que Concepción Carhuancho “burló el sistema republicano de división de poderes”. Según el parlamentario, el juez no cumplió con la ley al aplicar un control difuso para declarar inaplicable la Ley 32107, que establece delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Esta ley fue considerada por el juez como contraria a la Constitución y a tratados internacionales, incluyendo la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, por lo que utilizó ese mecanismo para priorizar los estándares constitucionales y de derechos humanos, citando el artículo 138 de la Constitución.

## Análisis jurídico de la acusación

El abogado Hugo Mendoza explicó que el control difuso es una facultad que habilita a todos los jueces a declarar la inaplicabilidad de una norma si consideran que esta es manifiestamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, Mendoza sostuvo que en este caso, la aplicación del control difuso no fue correcta. Según su opinión, bastaba con señalar que la ley era inaplicable por la naturaleza del delito en cuestión, sin necesidad de acudir al control difuso.

El penalista señaló además que el caso en cuestión evidencia una falencia en la aplicación de la herramienta, dado que el efectivo policial investigado fue acusado por un delito común, homicidio calificado, y no por un delito de lesa humanidad. Esto resulta relevante porque Perú nunca ha positivizado formalmente el delito de lesa humanidad, como lo confirmó el juez San Martín Castro en el caso Fujimori, quien precisó que el país no contempla ese delito en su legislación.

## Cuestionamientos sobre la interpretación del marco legal

Un aspecto clave de la controversia radica en que Concepción Carhuancho argumentó que la Ley 32107 era contraria al Estatuto de Roma y, por ello, aplicó el control difuso. Sin embargo, Mendoza cuestionó que el juez utilizara el propio Estatuto de Roma como fundamento para un control constitucional, ya que este mismo indica que la prescriptibilidad también rige para delitos cometidos antes de su entrada en vigor. Además, resaltó que el artículo 4 de la ley establece claramente la prescriptibilidad incluso para delitos anteriores a la vigencia del Estatuto, lo que contradice la interpretación del magistrado.

Por otro lado, Christian Guzmán Napurí, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, consideró que la aplicación del control difuso fue correcta y que no procede una denuncia por prevaricato en este caso. Guzmán argumentó que el Congreso no puede limitar la facultad del juez de ejercer esta atribución cuando detecta que una norma contraviene la Constitución o los tratados internacionales, defendiendo así la legalidad de la actuación del magistrado.