Rosselli Amuruz pide informe al Minjusdh sobre extorsiones desde cárceles

Uso irregular de comunicaciones en cárceles del Perú y respuesta del Congreso

Es ampliamente conocido que una gran cantidad de mensajes y llamadas extorsivas se realizan desde el interior de los penales en el país, a pesar de las estrictas restricciones que existen para evitarlo. Este domingo pasado, un informe publicado en el programa dominical Cuarto Poder reveló que los presos utilizan un sistema contratado para comunicarse desde las cárceles.

El material periodístico muestra cómo los reclusos hacen uso irregular del servicio proporcionado por PRISONTEC, empresa que mantiene un contrato vigente con el Estado peruano desde hace más de veinte años. A través de este sistema, los internos logran comunicarse de manera no autorizada, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

Rosselli Amuruz exige información al Ministerio de Justicia

Ante esta revelación, la Comisión de Justicia del Congreso no tardó en reaccionar. La congresista Rosselli Amuruz envió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitando un informe detallado sobre esta situación.

Una de las principales demandas de Amuruz es conocer el estado del contrato con PRISONTEC, responsable de suministrar servicios de comunicación en varios penales del país. Además, exige información sobre las medidas que el Estado está tomando para evitar que estas irregularidades vuelvan a ocurrir y si existen sanciones contra la empresa por estos hechos.

Según se ha conocido, un acuerdo establecido establece que las comunicaciones no autorizadas deben estar completamente prohibidas y bloqueadas. Sin embargo, estas siguen ocurriendo, lo que puede derivar en acciones perjudiciales para la sociedad.

Operativos en los penales del país

Desde que el presidente José Jer declarara el estado de emergencia en Lima y Callao durante 30 días, se han llevado a cabo diversos operativos en los penales de la capital y del primer puerto. El objetivo ha sido requisar cualquier objeto prohibido y fortalecer la seguridad en estos centros penitenciarios.

Por ejemplo, en el penal de Lurigancho, se detectaron condiciones que superan ampliamente las habituales para los internos. Incluso, a solicitud del presidente, se habilitó un pabellón de máxima seguridad en el penal de Ancón I, donde fueron trasladados más de veinte reos peligrosos, vinculados a delitos como sicariato, asesinato y extorsión.

En este contexto, la congresista Rosselli Amuruz envió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos exigiendo un informe sobre las llamadas irregulares que se están realizando desde el interior del penal Sarita Colonia, a pesar del estado de emergencia en Lima y Callao.